Kicillof, preocupado por una estafa multimillonaria con cooperativas que derivó en una denuncia penal

En el mes de marzo, el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires dio a conocer la designación de Gustavo González al frente de la ex área de Saneamiento No Estructural Comunitaria (DSNEC), actualmente conocida como dirección de Mantenimiento. De este modo, el gobernador Axel Kicillof y el ministro Agustín Simone le otorgaron el control de una caja de 2.000 millones de pesos anuales a un ex funcionario de María Eugenia Vidal que se había desempeñado en la Autoridad del Agua (ADA) y, además, asesoraba al macrismo en la Legislatura porteña.

Pese al polémico pasado en la administración de fondos del DSNEC, González arribó al gobierno del Frente de Todos de la mano del subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski, a quien conocía de su paso por la ADA. Así, Simone sumó entre sus filas a un ex funcionario macrista, a quien pocos meses después, cuando el negocio se salió de control, terminaría por denunciar penalmente y, consecuentemente, lo obligaría renunciar a su cargo. 

Bajo la carátula Simone, Agustín c/ González, Gustavo s/ Denuncia, el ministro de Kicillof impulsó la vía judicial por supuestos arreglos con aseguradoras en el marco del programa de saneamiento bonaerense. La causa cursa en la UFI Nro. 8 de Martín Alejandro Almirón, bajo IPP 0600-19378-2000. Específicamente, son 66 cooperativas de trabajo que integran este plan, distribuidos en 35 municipios y con 131 convenios firmados, en una inversión de 993 millones de pesos.

LA MANIOBRA

González habría realizado un acuerdo multimillonario a través de los seguros de las cooperativas, unificando a todas ellas bajo una misma empresa aseguradora. Vale aclarar que, cuando se vinculan con el estado, las cooperativas de saneamiento deben contratar un seguro de caución por el 100 por ciento del anticipo financiero y otro por el 10 por ciento del total de la obra. A ello deben sumar un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes personales para todas las cooperativas.

Pero primeramente, Gonzalez inició una purga entre las cooperativas sin espalda política, descartándolas bajo el tilde de “amarillas”. Por ese motivo, en esta ocasión no participaron ninguna de las cooperativas que resultaban históricas del programa, como Barrios de Pie, Movimiento Evita y Quebracho.

Los dieciséis contratos que se dieron de baja cuando detectaron la maniobra fraudulenta, con número de expediente incluido. 

Según explicaron allegados, González les habría adelantado a las cooperativas que, por orden del ministro Simone, estas deberían comenzar a trabajar con Provincia Seguros. “Les dijo que tenían que pasarse todos a Grupo Provincia, pero también les pidió que no se preocuparan, porque el trámite se iba a realizar desde el área”. De hecho, cuando las cooperativas firmaron el convenio, se anexó una hoja mediante la que estas adherían al descuento por débito bancario del seguro.

Listado de convenios de cooperativas que están en el programa.

El negocio lucía perfecto: todas las cooperativas deben presentar CBU ante la dirección para poder cobrarle a la provincia y es González el encargado de administrar las facturas, los cobros y los débitos.

Luego salió a la luz lo evidente: el convenio entre la dirección y Provincia Seguros jamás existió. Para llevar a cabo esta maniobra, González realizó un arreglo con una productora de seguros de Lomas de Zamora, llamada Liliana Arango.

Se estipula que Arango cobraría alrededor del 25 por ciento (en realidad los montos varían según el tipo de seguro) de los gastos totales de la aseguradora, que ascienden solo el primer mes a 18 millones de pesos. Luego, el circuito iría variando y se extendería, al menos, a lo largo del año: las cauciones se pagan cada tres meses, pero el seguro de responsabilidad civil y de accidentes personales debe abonarse mensualmente. El negocio supera los 100 millones de pesos.

Es en este marco que el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Agustín Simone, involucrado en la maniobra, decidió denunciar penalmente a González.

LA PUNTA DEL ICEBERG

Sin embargo, aunque la estafa resulta multimillonaria, fuentes de la dirección aseguran que “el negocio más grande es dar de baja convenios”: “González sabía cuáles cooperativas eran débiles y, sea cierto o no, las acusaban de integrar las filas de Cambiemos para sacarlas”, explicaron. De hecho, como punta de lanza, esto ocurrió con dos convenios que la provincia mantenía con cooperativas de La Matanza (Trabajo Digno), vinculadas al concejal de Cambiemos, Eduardo “Lalo” Creus.

Seiano, un ex funcionario de Cambiemos, sindicado como "jefe de la banda".

Ahora, aunque alejado de su cargo, González intentaría continuar el vínculo con las cooperativas, en nombre del director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano, un ex funcionario de Pilar durante la gestión de Nicolás Ducoté, que desempeña un rol central: “Seiano es el jefe. González el empleado. Pero se armó semejante bola de nieve que ya no saben cómo sacarlo a Seiano del cargo sin que esto se convierta en un escándalo nacional”, explicaron a REALPOLITIK. Entre los salpicados por esta maniobra también se encuentra Julián Rastelli, administrativo del área. 

Así lo detalló un arrepentido: “Acá hay una asociación ilícita con fines de estafa y podría ser más grave aún porque, por un lado, están ellos adentro cagando cooperativas, pero, por otro, consiguen cooperativas nuevas como Cooperativa de Trabajo Latinoamericana Limitada, vinculada a los ex funcionarios Emmanuel Filace y Carlos Tocchetti. Tienen todo lubricado de los dos lados del mostrador, solo necesitan dar de baja convenios y dar de alta a los amigos. Obviamente, hay más cooperativas dadas de baja pero no tienen banca política ni nadie que los defienda”.

Finalmente, como estos funcionarios continúan al frente de sus cargos, resulta evidente que ninguna cooperativa se anima a denunciar públicamente los abusos que habrían padecido ante el temor de ser disciplinadas o, peor aún, desvinculadas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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