Vicentín: El conflicto por la millonaria deuda de la empresa volvió a foja cero

En menos de siete días, el conflicto Vicentín regresó a foja cero. A finales de la semana pasada, en el marco de la segunda reunión entre las partes convocada por el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, no se llegó a un acuerdo y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se retiró de las negociaciones. Tras esta situación, el presidente Alberto Fernández anunció que el gobierno no avanzará en la idea de intervenir en la empresa.

Por el lado de la gobernación santafesina, las condiciones para seguir avanzando con el llamado “plan Perotti” eran dos: separar al directorio de la firma de la conducción de la empresa y que el estado se hiciera con la administración de las acciones. La agroexportadora se negó a aceptar estos pedidos y las negociaciones llegaron a un punto muerto. La idea que manejaba el gobernador de Santa Fe era crear un fideicomiso, que representaba una opción intermedia entre la idea del presidente de expropiar y de la firma de resolver el problema en la esfera privada.

De esta manera, la decisión final quedará en manos del juez Lorenzini, que en los próximos días deberá expedirse sobre el pedido de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, que también busca avanzar en la remoción de las autoridades de la empresa. Tanto desde el oficialismo santafesino como desde el gobierno nacional, la idea era tener un rol activo en la negociación de la deuda. 

Desde Santa Fe, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, advirtió en declaraciones periodísticas que "es imprescindible que el estado pueda recibir la administración de la empresa y contar con las acciones".  Por el lado del Banco Nación, el principal acreedor argentino, la postura era apartar a las autoridades de la empresa de las decisiones y operar todos los medios necesarios para cobrar. Vicentin mantiene una deuda de 100.000 millones de pesos, en donde a la entidad bancaria se le adeudan 18.500 millones. 

El conflicto por la deuda que la firma mantiene con sus acreedores constituyó un auténtico dolor de cabeza para la Casa Rosada, tras la tensión por el anuncio de la suba a las retenciones en soja, el pasado mes de marzo. La medida generó una fuerte resistencia en un amplio arco de la cadena agropecuaria, que rechazó de plano la idea del oficialismo sobre una posible expropiación y con un sector de productores autoconvocados que buscó instalar la idea de una segunda “125”. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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