A pesar de las suspicacias, Máximo Kirchner todavía adeuda su declaración jurada de 2019

Acorde a la ley 26.857, modificatoria de la 25.188, todos los diputados nacionales deben presentar sus declaraciones juradas patrimoniales integrales en la secretaría Administrativa de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La documentación debe presentarse dentro de los treinta días hábiles del inicio o cese de su mandato, y actualizarla año tras año presentándola a mediados del año que se declare, mientras duren en sus respectivas funciones. Físicamente, las DJPI deben además presentarse ante la dirección General de Coordinación Administrativa perteneciente a la secretaría Administrativa.

Allí se guardan físicamente las declaraciones juradas y, además, ésta oficina tiene la obligación de recordarle a los diputados sobre la necesidad de su presentación cuando éstas faltan. Al parecer, omitieron recordarle sus obligaciones a Máximo Kirchner, actual diputado nacional.

En efecto, la última declaración jurada del hijo de Cristina Fernández de Kirchner fue presentada en 2019, correspondiente al año 2018. El documento, desde el punto de vista contable es, además, harto curioso. Por ejemplo, el departamento de Recoleta que actualmente ocupa la ex presidente tiene un precio de mercado de 900 mil dólares. Sin embargo Máximo, que es dueño del 50 por ciento, aseguró que su parte era equivalente a 127 mil pesos.

En otro dato llamativo, Máximo aseguró que su departamento de la calle Juncal, cuyo precio de mercado es de 300 mil dólares, vale 0,2 centavos. La misma suerte corrió para su casa y un local en Río Gallegos, ambos de su propiedad, que valen, según el hijo de CFK, 0.2 centavos. Una ganga pocas veces vista en el mundo inmobiliario.

Incluso con tan pintorescos detalles, o tal vez a pesar de ellos, Máximo Kirchner decidió no entregar su declaración jurada correspondiente al año 2019. En efecto, un repaso por las declaraciones juradas de los diputados nacionales muestra que el año pasado presentó la documentación correspondiente al 2018, tal y como indica la ley. Sin embargo, éste año decidió no entregar información sobre su patrimonio.

A pesar de que tal decisión va en contra de la ley 26.857 y de la transparencia de la que hace gala la Cámara de Diputados de la nNción en su sitio web, no pareciera haber advertencia alguna de la secretaría Administrativa, la dirección General de Coordinación Administrativa o de la Oficina Anticorrupción. Todo hace pensar que nadie se dio cuenta de la documentación faltante.

La omisión resulta llamativa en medio del escándalo desatado días atrás por la tasación que tres interventores hicieron de la fortuna de la familia Kirchner a pedido de la Justicia. La información, dada a conocer por la abogada Silvina Martínez, habla de un monto superior a los 50 millones de dólares, algo más de 3.500 millones de pesos al cambio oficial. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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