En Salta siguen actuando los pibes chorros

Cuando parecía que la confirmación de que más de trescientos funcionarios y legisladores intentaron cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) era un fenómeno que costaría superarse, ahora se supo que, tras sólo ocho meses de gestión, dos intendentes salteños ya fueron imputados por la Justicia.

Los incriminados son Jorge Enrique Prado y Rogelio Nerón, sobre quienes pesan cargos de robo, fraude e incumplimiento a los deberes de funcionario público. Nuevos nombres, las mismas conductas de siempre.

Jorge Enrique Prado es intendente de Aguaray y su victoria electoral fue celebrada el año pasado, resaltándose que se trataba del intendente electo más joven de la provincia. Unos meses después deberá responder ante la Justicia Federal por los cargos de robo y fraude a la administración pública, tras haber autorizado el desguace del gasoducto NEA, en cuya implementación desaparecieron 35 kilómetros de caños, con un valor de 13 millones de dólares.

Rogelio Nerón es intendente de Santa Victoria Este y se encuentra imputado por la Justicia salteña por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, deberá afrontar un Juicio político en el Concejo Deliberante. Como dato adicional debe consignarse que Nerón fue uno de los primeros intendentes procedentes de una comunidad originaria. Cambian los grupos étnicos, pero la avidez por apropiarse del patrimonio público parece subsistir airoso.

Sin embargo, se observa una gran diferencia en la reacción institucional. Mientras que los concejales de Prado consiguieron evitar su destitución y el oficialismo de la Legislatura impidió el tratamiento del proyecto de intervención de Aguaray, el originario Nerón quedó aislado y expuesto a las máximas sanciones aplicables, pese a que la magnitud de su delito fue significativamente menor que la de su colega ario. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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