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18 de agosto de 2020 | Nacionales

¿Servicio o negocio?

Energía para el crecimiento: Entre la modernización y las denuncias contra el macrismo

La empresa Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), que opera las tres centrales nucleares argentinas (Atucha I, Atucha II y Embalse) y tiene como accionista mayoritario al estado nacional, anunció la recreación de la Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares, esencial para el incremento de la producción de energía limpia y a bajo costo en el país.

De acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea de accionistas reunida en el mes de abril, se han reiniciado las obras en el reactor nuclear de potencia CAREM 25, el edificio para el Almacenamiento en Seco de los Elementos Combustibles Quemados (ASECQ) y el reacondicionamiento de la central nuclear Atucha I. La reactividad del complejo Atucha posibilitó la reincorporación de 350 trabajadores despedidos por Techint durante los meses de marzo y abril, en plena pandemia, en el marco de las políticas de crecimiento económico y generación de empleo impulsadas por el gobierno nacional. 

En esa misma reunión, la Asamblea de Accionistas de Nucleoeléctrica Argentina SA decidió recrear la Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares, que dependerá del directorio de la empresa y que contará con las herramientas administrativas necesarias para la ejecución de los proyectos. De esta manera, en breve cobrará vida nuevamente el sector interno de la compañía que permitió la conclusión de la construcción y puesta en marcha de Atucha II.

Dicha unidad de gestión fue “desarticulada durante el gobierno de Mauricio Macri donde se había adjudicado, por un lado, la obra del proyecto CAREM 25 a Techint y la de ASECQ a Caputo, ambos contratos fueron rescindidos en esta gestión y ahora los trabajadores serán absorbidos por NASA”, señaló Lucas Castiglioni, director de la empresa nucleoeléctrica.

También subrayó que la recreación de la Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares “es una herramienta muy importante, eso los trabajadores lo saben y nosotros estamos convencidos de que es el puntapié inicial para darle una reactivación al Plan Nuclear Argentino nuevamente y poder avanzar con proyectos concretos que tenemos definidos, así como los futuros que vendrán y el financiamiento externo que puedan llegar a tener cada uno, es un gran desafío que encaramos con el aval del estado nacional”.

La noticia resulta sumamente alentadora, ya que garantiza la continuidad del plan de desarrollo de tecnología, recursos humanos calificados y mano de obra primordialmente nacionales, discontinuados durante el gobierno de Cambiemos, aplicados a la producción de energía limpia, con mínimo impacto sobre el medioambiente. 

La otra cara de la moneda es que, hace apenas unas horas, se conoció que la provincia de Buenos Aires debió clausurar la central termoeléctrica de Araucaria Energy, bajo control del empresario José Luis Manzano y el fondo Gramercy, que en la Argentina dirige el empresario macrista Gustavo Ferraro, a partir del informe conjunto presentado por municipios de Pilar y Escobar. La central se inauguró en 2019 y fue cuestionada desde un principio por los vecinos por su alto nivel de contaminación sonora. La derrota electoral del macrista Nicolás Ducoté en Pilar permitió que ambos distritos comenzaran los estudios de impacto ambiental y, junto con la autoridad del agua de la provincia y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), consiguieron concretar la clausura.

La empresa está floja de papeles y, a pesar de no poder funcionar a más de un 60 o 70 por ciento de su capacidad por limitaciones de su infraestructura en el acceso al gas, realizó contratos en dólares en los cuales se cobra por el 100 por ciento de la potencia instalada.

"En 2019 usaron solo el 8 por ciento de su capacidad y en 2020 sólo el 2. Están mal hechas y a las apuradas. Son sinónimo de corrupción, vamos a seguir hasta el final porque no se puede destruir el medio ambiente por un negocio inmobiliario", afirmó el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

En el financiamiento de la empresa se encuentra involucrado el Fondo BlackRock, acreedor de la mayoría de la deuda de 650 millones de dólares que se tomó para construir las cuatro plantas de Araucaria. Luego se tomaron otros 200 millones de Gramercy para completar las plantas. Pero cuando los bonos entraron en default, Gramercy y Manzano se aliaron para tomar en forma hostil el control de la compañía, expulsando a los socios originarios de Araucaria. Ahora no quieren pagarle a BlackRock.

Dos modos de concebir la cuestión energética: como servicio de calidad y desarrollo tecnológico o como negocio de rapiña. 

Mientras que la recreación de la Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares resulta una novedad alentadora, el caso Araucaria recién comienza, y promete impactantes revelaciones sobre el manejo de la cuestión energética -un área estratégica para nuestro país- durante los años del macrismo. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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