La jueza que investiga el caso Facundo Astudillo Castro imputó a productores que marcharon el 17A

El pasado feriado tuvo lugar una fuerte movilización contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Decenas de miles de argentinos se congregaron en el Obelisco y en distintos puntos del país. Uno de estos lugares fue el partido de Coronel Suárez, ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. 

En la rotonda de entrada al municipio se congregaron productores rurales con sus caballos y banderas argentinas para reclamar contra la reforma judicial, además de mostrar su desacuerdo con la cuarentena. Previamente, el intendente de la ciudad del Frente de Todos, Ricardo Moccero, les había advertido sobre posibles sanciones, que llegaron días más tarde. 

A través de actas labradas por la jueza federal Nro. 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, cerca de setenta productores fueron notificados para declarar ante la fiscalía de su municipio por atentar contra el protocolo de distanciamiento social, según dijo el jefe comunal. Bajo la carátula “infracción artículos 205 y 239” del Código Penal de la Nación, que consiste en “violar las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, fueron informados de su imputación. 

Documento por el cual se notifica la imputación. 

Cabe destacar que, durante la marcha, los policías solicitaron el documento y el domicilio de las personas allí nucleadas, a lo que los mismos productores calificaron de un acto “inocente” al acceder al pedido de los efectivos de seguridad. “No estábamos haciendo nada malo, fue un acto tradicional al que fuimos a caballo y al aire libre”, se excusaron ante el homenaje por el 170 aniversario del fallecimiento del general José de San Martín.

En tanto, el juzgado interviniente a cargo de la magistrada bahiense Marrón es el mismo que investiga la causa de la desaparición del joven de 22 años, Facundo Astudillo Castro. La jueza, que participará personalmente de la autopsia en Buenos Aires de los restos de un cuerpo encontrado en Villarino, clave para el transcurso del caso, está siendo fuertemente criticada por la querella. Tanto la madre del chico extraviado, Cristina Castro, como su abogado, Leandro Aparicio, le solicitaron la detención de cuatro policías comprometidos en la investigación y recusaron al fiscal federal, Santiago Ulpiano Martínez, por “lentitud” e “incapacidad”, ambos pedidos denegados por la magistrada. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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