Campana: En un polémico accionar, la Justicia intentó desalojar irregularmente a una cooperativa

En el mes de marzo de este año, la ONG “Igualdad y Dignidad” llevó adelante un contrato de locación para ocupar una vivienda ubicada en la calle Colón al 200, en la ciudad de Campana. La casa se encontraba en un estado deplorable, con paredes derruidas, árboles ocupando espacios vitales y techos a punto de caerse.

Desde entonces, la asociación llevó adelante arduos trabajos de albañilería, plomería, electricidad y hasta la instalación de techos nuevos. Con la irrupción de la pandemia por coronavirus, la ONG adquirió, además, ollas, fuentes, anafes y utensillos de cocina para colaborar con la alimentación de los vecinos que lo necesiten. Poco tiempo después, más de cien personas comenzaron a asistir al lugar en busca de un plato de comida.

A pesar de que la casa se encontraba involucrada en un proceso de declaratoria de herederos, la Justicia aún no se ha expedido al respecto. Precavidos, los directivos de la ONG acordaron por contrato un plazo de cinco años o hasta que la causa judicial pertinente les indique otra cosa.

A pesar de contar con toda la documentación en regla, en los últimos días de julio se presentó un empresario local de apellido Sancho junto a un abogado y varias personas más. A primera hora de la mañana rompieron una puerta a mazazos y amenazaron al sereno con un arma de fuego, aduciendo ser los dueños de la propiedad. En un curioso dato, Sancho no forma parte de la sucesión de herederos sino que simplemente asegura tener una cesión de derechos fechada en 1958.

A pesar de la fragilidad de su documentación, Sancho llegó con un grupo de policías que aseguraron tener una orden de allanamiento, aunque nunca mostraron una. Minutos después, cuando Ricardo Zapata, presidente de la ONG, llegó con la documentación en la mano, se apersonó una auxiliar de la fiscalía Nro. 2 de Campana, a cargo del fiscal Matías Ferreirós.

Minutos después, Sancho y trabajadores de su empresa tomaron la vivienda y, en sólo dos días, demolieron todas las refacciones que había hecho la ONG y hasta se robaron ollas, sartenes, un anafe y numerosas chapas y tirantes que la asociación había recibido del ministerio de Desarrollo Social para continuar con las mejoras.

Trabajadores de la ONG, quienes se encuentran vinculados al Frente de Justicia Social, se presentaron en el juzgado a pedir explicaciones, sólo para enterarse que la jueza a cargo de la causa no había ordenado ningún desalojo. Cuando llegaron a la vivienda, tanto Sancho como su abogado, un lego de apellido Michetti quien estuvo detenido en 1997 e investigado por actividades delictivas bajo la modalidad de “carancho”, huyeron inmediatamente ante las cámaras del centro de monitoreo local.

A pesar de las numerosas irregularidades, el fiscal Ferreirós se negó a excusarse e incluso decidió ignorar pruebas presentadas por el abogado que patrocina a la asociación damnificada, Aldo Gustavo Coletes.

En un nuevo embate de la mafia judicial de Campana, el comisario Alberto Utrera, quien saltó a la fama luego de dispararle a un menor desarmado, se presentó en la casa asegurando que había sido enviado por la fiscalía para echar a la ONG. Sin embargo, no tenía ninguna documentación que avale nada y sólo atinó a asegurar que la auxiliar del fiscal Ferreirós “lo había llamado por teléfono”. Tres días después del bochorno, fue misteriosamente trasladado a Zárate.

Por el momento, la ONG continúa utilizando la vivienda pero se encuentran a merced de una orden de desalojo irregular que carece de fecha, una especie de “cheque en blanco judicial” que nadie sabe cuándo y cómo se efectivizará. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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