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28 de agosto de 2020 | Interior

Gestión Uñac

San Juan: Los intereses mineros del Frente de Todos derivaron en una denuncia por abuso de poder

En el mes de enero, la Asamblea Jáchal No Se Toca presentó al Concejo Deliberante de Jáchal un pedido formal para que los ediles le soliciten al ministerio de Minería de la provincia de San Juan un informe detallado de todos los proyectos mineros, uraníferos y metalíferos ubicados en el departamento y en toda la cuenca del Río Jáchal.

El pedido de informe fue presentado por el Concejo al ministerio de Minería hace cuatro meses. Ante la falta de respuesta del gobierno de Sergio Uñac en torno a esta información que debiera ser pública, desde la asamblea solicitaron formalmente al Concejo Deliberante un pedido de pronto despacho hacia el misterio de Minería. Ese tema fue tratado en el Concejo el día 15 de agosto pasado. 

Pero ese día, ante el intento de un integrante de la Asamblea Jáchal No Se Toca de presenciar esa sesión que por ley debería ser pública, hubo maniobras dilatorias por parte de la presidenta del cuerpo, Cintia Aballay. Luego de varios intercambios de palabras, el referente de la organización fue retenido en la vereda: una autoridad del Concejo le cerró la puerta en la cara y debió irse a su domicilio.

Ante esa situación, el asambleísta presentó la denuncia correspondiente el día 18 de agosto de 2020 porque la funcionaria Cintia Aballay cometió el delito tipificado en el artículo 248 del Código Penal que indica: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

La abogada Cintia Aballay demostró aún más su autoritarismo y abuso de poder al denunciar a varias personas que habían compartido por las redes sociales el comunicado que la Asamblea había emitido el fin de semana por el grave hecho de no dejar a un ciudadano presenciar la “sesión pública”. 

“La funcionaria Aballay desconoce hasta los más básicos derechos constitucionales que tenemos los argentinos y trata de amedrentar a algunos en pos de seguir con el ocultamiento de información pública que hace el gobernador de San Juan, Sergio Uñac”, explicaron desde la asamblea.

Y agregaron: “La actitud soberbia que tiene la doctora Aballay es por la impunidad que otorga la creencia, basada en la historia de San Juan, que un juez hará nuevamente oído sordo ante el pedido de Justicia de los ciudadanos comunes, por más que se trate, como en este caso, de un flagrante y grave delito de abuso de autoridad, a favor de la megamineras”.

“Lo más grave de la dictadura megaminera es que deja callados hasta los funcionarios opositores que deberían controlar y no permitir estos atropellos por parte del oficialista PJ - Frente de Todos en plena democracia republicana”, concluyeron. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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