En contra de la ley, la Justicia de Campana ordenó un desalojo en plena pandemia

Sobre las primeras semanas de la cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández, un decreto de alcance nacional prohibió los desalojos, al mismo tiempo que los aumentos de alquileres, hasta el 30 de septiembre inclusive. El llamado decreto 320 fue aprobado el 29 de mayo y apuntalado por la ley 15.172 aprobada el 21 de mayo del mismo año por la Legislatura bonaerense. Ésta última incluyó en su artículo quinto a todos los inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

A pesar de ello, la jueza de Garantías de Zárate - Campana, Graciela Cione, ordenó el desalojo de un inmueble de la región, que hasta hace pocos días ocupaba la ONG “Igualdad y Dignidad”, que alimentaba a más de cien personas diarias que asistían al lugar en busca de un plato de comida.

Según pudo saber REALPOLITIK, la ONG cuenta con contrato de locación y, además, desde que llegó al inmueble, ha llevado adelante importantes mejoras de tipo edilicio. A pesar de contar con toda la documentación en regla, lo que algunos bautizaron como la “mafia judicial de Campana” estaría a punto de quedarse con la propiedad.

En efecto, la casa se encuentra en proceso de declaratoria de herederos, todos pertenecientes a la familia Tórtora. No obstante ello, una tercera persona, un reconocido empresario de la región de apellido Sancho, se presentó con su abogado aduciendo que un integrante de la familia le había cedido derechos sobre la propiedad en 1958 y que, por lo tanto, quería ser parte en el proceso de herencia.

A pesar de obtener un rechazo por parte del juez interviniente, Sancho y su abogado, un lego de apellido Michetti que estuvo detenido en 1997 e investigado por actividades delictivas bajo la modalidad de “carancho” pocos años después, se presentaron en la fiscalía Nro. 2 de Campana, a cargo del fiscal Matías Ferreirós para insistir en su reclamo.

Luego de un tira y afloje que incluyó la presentación de Sancho armado en la propiedad junto a un grupo de policías, asegurando tener una orden de allanamiento que nunca mostraron, finalmente la jueza Graciela Cione ordenó el desalojo de la ONG, desoyendo los propios decretos presidenciales y hasta la ley provincial 15.172. Incluso, la jueza Cione fue en contra del juez Otero, que entiende en la causa por la herencia, quien determinó que Sancho no tiene parte alguna en el proceso judicial.

Finalmente, según trascendió, en las próximas horas, la ONG “Igualdad y Dignidad” será recibida por el ministro Julio Alak y el procurador Julio Conte Grand, con el objetivo de llevar adelante un pedido de jury y apelar ante una nueva acción de la llamada “mafia judicial de Campana”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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