El intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, complicado ante una denuncia por malversación de caudales

Osvaldo Cáffaro, intendente de Zárate, deberá comparecer ante el Tribunal Oral Federal de San Martín 5 bajo las imputaciones de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y de malversación de caudales públicos, en la causa del Electroducto de Barrio 6 de Agosto.

En el expediente respectivo se lo acusa de “haber actuado en el marco de la licitación pública del municipio de Zárate 29/2013 y de las obras en definitiva contratadas, al menos, con los funcionarios públicos Patricia Agustina Fernández, Salvador Carlos Ingrassia, Osvaldo Caccavielo y Pablo Andrés Giménez (…) (que) habrían direccionado el proceso de licitación para que sea ganado por la mencionada empresa (C&E Gustavo Alberto Castillo)  y que resulta especializada en obras viales, que ofertó por la suma de 44.995.000 de pesos y se le adjudicó por la suma de 50.820.000 pesos”. 

El “convenio marco suscripto con el ex ministerio de Planificación Federal de la Nación involucraba cuatro líneas eléctricas, mientras que el llamado a licitación se efectuó por tres líneas y se terminó adjudicando y firmando el contrato únicamente por dos líneas eléctricas”. 

Liso y llano: el intendente y algunos funcionarios de su gestión direccionaron una licitación financiada por el ex ministerio de Planificación en beneficio de una empresa especializada en obras viales en lugar de eléctricas, le asignaron un monto superior al licitado y, encima, por realizar sólo dos de las cuatro obras originales. 

En la indagatoria, Cáffaro descalificó a los vecinos del municipio, afirmando que “cuando uno explica públicamente una obra, un proyecto o un programa, es muy difícil llevarlo a un lenguaje que la gente lo pueda entender, comunicacionalmente y para el interés del vecino (excepto los que están en la línea de alta tensión) para el resto de la comunidad”. Y al preguntársele si, tal como habría afirmado públicamente, las obras iban a incluir “la construcción de una avenida de circunvalación manifiesta que no”, y que “lo publicitario es otra cosa. Lo publicitario tiene que hacer que la gente lo pueda visualizar”. “La realidad es estas notas firmadas”.

La declaración judicial del intendente implica, lisa y llanamente, su reconocimiento de que les comunica a los vecinos una cosa y hace otras, porque sino no entenderían la importancia de lo que realmente –a su juicio- correspondería hacer. 

Pero, además, en otro párrafo de la indagatoria, Cáffaro reconoce que el “pliego de la licitación de fs. 25/157 y el pliego complementario obrante a fojas 158/398, refiere que lo hizo Transba SA y que esto le daba seguridad, que tales documentos nunca pueden haberlos confeccionado ellos, dado que carecen de los conocimientos técnicos y que es imposible que lo haya hecho la municipalidad”. Es decir, que el municipio carecía de la experticia indispensable para elaborar los pliegos de las licitaciones. ¿Quiénes los habrán redactado entonces? ¿Los propios beneficiarios de las obras? 

Los dedos de Cáffaro.

El intendente trató de sacarse la cuestión de encima, señalando a sus colaboradores, como sucedería en “toda estructura piramidal”. Y afirmó que las convocatorias “no fueron rubricadas por el deponente sino por el representante legal de la municipalidad, Alan Paul Fortune”.

Es decir, que el intendente de Zárate se atribuye un rol de comunicador de informaciones engañosas para su aceptación por parte de vecinos que no entenderían las prioridades, mientras que las decisiones serían responsabilidad de sus subordinados. “Todas las personas son buenas y honestas, que no puede desconfiar de todos, que eso tiene que ver con el equipo que ha armado, que más allá de la importancia de lo técnico y lo profesional, está el tema de la honestidad y que sean buenas personas”. Sin embargo, cuando se le pidió que “explique por qué motivo si la empresa C&E ofertó la suma de 44.995.000 de pesos y se adjudicó la obra a dicha empresa por el monto de 50.820.000 pesos”, respondió que “eso nunca lo supo, que el secretario o subsecretario tenía que cruzar esa información”.

En el juicio oral, que avanza dentro de los tiempos legales, Cáffaro deberá exponer argumentos más sólidos que los precedentes. Ya no se trata de los vecinos que, a su juicio, no entienden nada y deben ser engañados. Ahora lo espera un interlocutor muy diferente, la Justicia, y deberá esmerarse mucho más para tratar de salvar la ropa. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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