Mendoza: Rodolfo Suárez intenta legalizar el ciberpatrullaje entre la comunidad docente

Puede hacerlo porque no cuenta con una base racional de votantes, sino que sus seguidores están dispuestos a respaldar -y sólo quieren escuchar- aquellas acciones e interpelaciones que expresen un antiperonismo a ultranza. Y su dirigencia, celosa seguidora de las encuestas, está dispuesta a ofrecerles precisamente aquello que demandan, aun entrando en contradicciones flagrantes.

De este modo, a los que celebraron el incremento por decreto presidencial de la coparticipación que recibe la CABA, les parece una afrenta -y hasta tildan de inconstitucional- cuando el mismo procedimiento se utiliza para realizar un recorte. La Legislatura porteña funciona de manera remota, pero los diputados de JxC se niegan a hacerlo en el Congreso. Les resulta un acto autoritario la decisión del gobierno de impulsar una reforma judicial, pero no les molestó en absoluto cuando Mauricio Macri designó por decreto a dos jueces de la Corte Suprema. Podrían seguirse enunciando multiplicidad de casos similares: lo que es una indubitable señal de vocación tiránica del Frente de Todos automáticamente se convierte en virtud republicana cuando lo ensaya alguien del propio espacio.

Mendoza no es la excepción. Aprovechando las restricciones impuestas a causa de la pandemia, el gobierno del radical Rodolfo Suárez decidió impulsar una nueva ley de Educación. No es que sea una iniciativa condenable de por sí. El problema es de oportunidad. Con los docentes en sus casas y en el pico de los contagios, la coyuntura no parece ser la más apropiada para la discusión de una cuestión tan importante.

Entre las múltiples objeciones que han realizado los especialistas -entre ellos la prestigiosa pedagoga Ana María Pardo-, hay un punto del proyecto que resulta muy peligroso: en los incisos k) y l) del artículo 11, se dispone “hacer uso responsable de las redes sociales”. Como puede advertirse, se trata de un ataque frontal a la libertad de expresión de los docentes.

¿En qué consistiría ese “uso responsable de las redes sociales”? ¿Quién lo dictaminaría y en virtud de qué criterios? ¿Se establecerían instancias de ciberpatrullaje para controlar las publicaciones de los docentes en sus propias cuentas? ¿El límite entre lo permitido y lo sancionable dependería de la coincidencia ideológica o programática con las autoridades políticas de la provincia?

Por si esto no resultara suficiente, el proyecto también dispone que los docentes deberán “comunicar a la autoridad” cuando un par realice un “uso inconveniente de las redes”. “¿Quién establece lo que es un “uso inconveniente”? ¿Cómo impedir, a partir de establecer la delación como método, los ataques malintencionados, las venganzas interpersonales, la persecución política?”, se pregunta el especialista Roberto Follari.

Quien propone imponer esta normativa autoritaria y contraria a los preceptos y disposiciones de nuestra constitución es Juntos por el Cambio, integrado de manera casi excluyente por la UCR en la provincia de Mendoza. Cuesta creer que quienes se presentan como campeones de las libertades civiles en la Nación intenten imponer el pensamiento único y la eliminación de la libertad de expresión cuando les toca ser gobierno.

Tal como se ha señalado, no es la primera ni la única vez que JXC actúa de este modo. Tampoco llama la atención que sea el mismo radicalismo que no cesa de agitar la reforma universitaria de 1918 y su significación en el proceso de ampliación de las libertades educativas y civiles, quien pretenda convertirse en el gendarme de la libertad de expresión 102 años más tarde. Entre los principios y valores fundantes de la UCR y su actualidad hay una distancia abismal. Puesto en los términos de un ex presidente aliado del radicalismo en el debate presidencial 2015, podríamos preguntarnos: ¿En qué te has convertido, UCR?. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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