Las políticas económicas del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen

Al año siguiente de su consagración, Yrigoyen se encontró con la entrada de los Estados Unidos a la gran guerra –como se denominaba entonces a la primera guerra mundial (PGM)– y su exigencia de un cambio en la estrategia de neutralidad desarrollada por la Argentina a instancias de las necesidades económicas del Reino Unido. Mientras los viejos conservadores políticos y sus mandantes de la Sociedad Rural Argentina sostenían esa postura neutralista, otros grupos políticos, como el Partido Demócrata Progresista, liderado por Lisandro De la Torre, y sectores de las nuevas burguesías rural y urbana, eran partidarios de alinearse con los Estados Unidos. Yrigoyen optó por mantener el esquema de neutralidad que, como sostenían las autoridades del Reino Unido, facilitaba el comercio transatlántico porque los barcos con exportaciones argentinas tenían menos riesgo de llevar la mercancía a destino.

Yrigoyen fue el primer impulsor de la creación de una flota marítima argentina. Ante la carencia de bodegas para transportar los bienes exportables por la Argentina, el presidente intentó obtener un empréstito que le permitiese la adquisición de barcos que reforzasen la pequeña marina mercante de bandera nacional. Sin embargo, esa intención se frustró ante la cerrazón de los sectores opositores, por lo que la idea de avanzar en ese terreno de manera inmediata debió reemplazarse por otra que implicó un lento crecimiento, adquiriendo, de a poco, buques de diferente origen. No obstante, no se resolvió por completo el problema de la carencia del tonelaje necesario. Hasta entonces, el país solo contaba con los barcos de la firma de Nicolás Mihanovich, que había comenzado su actividad como transportadora de pertrechos para las tropas argentinas en la guerra de la triple alianza contra el Paraguay, medio siglo antes.

El yrigoyenismo se presentó como una opción política policlasista, que apuntaba a la conciliación entre los intereses de los grupos sociales que componían la sociedad argentina, por lo que intentó mediar entre la oligarquía, los sectores de pequeños y medianos productores agropecuarios y ganaderos, y la clase media urbana, que había constituido su base social original. Como ya hemos mencionado, la política económica del gobierno no propuso grandes cambios estructurales: si bien mantuvo el modelo agroexportador, bregó para obtener una mayor porción de las ganancias y poder redistribuirlas. Con este objetivo, tuvo en cuenta al sector de trabajadores del transporte, en particular los relacionados con los ferrocarriles y las empresas marítimas.

El gobierno de Yrigoyen lanzó su “plan de Tierra y Petróleo”, en el que el estado se reservaba un rol significativo en la actividad económica, interviniendo en defensa de los intereses nacionales. El proyecto del gobierno radical consistía en mantener en poder del estado la explotación de fuentes naturales de riqueza, cuyos productos eran considerados vitales para el desarrollo del país.

De hecho, la administración de Yrigoyen defendió con gran ahínco la tierra y su producción. Durante su gobierno se sancionaron una serie de leyes de arrendamiento rural para proteger a los colonos y chacareros frente a los grandes propietarios de tierra. En el mismo sentido reorganizó el Banco Hipotecario Nacional para apoyar con crédito subsidiado a los pequeños propietarios rurales. En 1918, por primera vez, el estado intervino como vendedor único de la cosecha de cereales en el exterior.

En materia energética, el gobierno de Yrigoyen también hizo su aporte. Si bien el descubrimiento del primer yacimiento de hidrocarburo en Comodoro Rivadavia se había realizado en 1907, todavía no se habían tomado decisiones políticas al respecto. En la Argentina la situación con el petróleo era precaria y la mayor parte del combustible que se utilizaba en el país era producida por los monopolios extranjeros, que proveían al ejército y controlaban el abastecimiento y el precio.

El mundo cambiaba y los procesos de industrialización incrementaban la demanda de petróleo, que era considerado como un bien escaso y preciado. Fue en este contexto y gracias a la visón nacionalista e antiimperialista del presidente Yrigoyen, que se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en 1922, a fines de la primera gestión del radical. En el futuro sería la petrolera más grande del país y llegaría a emplear a 50 mil trabajadores.

La creación de YPF implicó una definición ideológica sobre la soberanía energética y la titularidad del estado nacional sobre los recursos del subsuelo, en clave nacional y antiimperialista, sosteniendo la competencia del estado en materia económica, algo que el liberalismo reservaba para beneficio exclusivo de los empresarios privados.

La política del gobierno de Yrigoyen consistía en defender los derechos de la Nación sobre el transporte, entendido como un servicio público. En lo referente al ferrocarril lo veía como resorte vital de una economía necesitada de emancipación, por lo que intentó regular su actividad y ampliar sus líneas.

En 1917 el gobierno declaró la caducidad de todas las concesiones ferroviarias de plazos vencidos. Esto provocó la reacción de las empresas que se dirigieron al Congreso solicitando prórrogas. El gobierno respondió que tenía una nueva orientación en materia ferroviaria, rectificativa con respecto a los gobiernos anteriores. “Los intereses creados –sostuvo Yrigoyen– no deben ser obstáculos para el progreso del país”.

Otra medida significativa fue la anulación de aumentos de las tarifas de carga que habían impuesto las empresas sin autorización. Con un decreto, en 1921 los declaró nulos, y ordenó retrotraer sus precios a los niveles previos y compensar a los usuarios perjudicados.

Con el objetivo de reivindicar los derechos del estado argentino, Yrigoyen continuó adoptando medidas en clave patriótica, como la construcción de nuevas líneas y el engrandecimiento de la administración técnica y económica de los ferrocarriles.

El nacionalismo económico de Yrigoyen resulta claramente expuesto en los fundamentos al veto de la ley ferroviaria que la oposición conservadora logró sancionar en 1920, donde afirma: “La política del poder ejecutivo es mantener en poder del estado la explotación de fuentes naturales de riqueza, cuyos productos son elementos vitales del desarrollo del país (...). El estado debe adquirir una posición cada día más preponderante en las actividades industriales que respondan principalmente a la realización de servicios públicos”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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