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7 de octubre de 2020 | Judiciales

Inusitada demora

Tras siete meses de reclamos, la Suprema Corte gastará 62 millones para trabajar a distancia

A pesar de que los pedidos de utilizar los token por parte de los abogados se remontan a los primeros días de la cuarentena, el máximo tribunal bonaerense resolvió comprar los insumos y el equipamiento para funcionar durante la emergencia sanitaria.

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Desde el inicio mismo del aislamiento social, preventivo y obligatorio impuesto por el gobierno de Alberto Fernández durante los últimos diez días del mes de marzo, los abogados de todo el país reclamaron continuar trabajando en forma remota. A pesar de ello, el máximo tribunal no los escuchó y renovó una y otra vez la estricta cuarentena a medida que lo hacía el presidente.

El núcleo de la discusión pasó, desde un principio, por la implementación del token, que fue de adquisición obligatoria para todos los estudios de abogados por orden de la misma Corte.

En el ámbito de la Justicia bonaerense, el propio presidente del Colegio de Abogados de La Plata, Hernán Colli, aseguró que la medida es “irrazonable e innecesaria”. Los reclamos se acumularon unos sobre otros en la mesa de entradas, pero poco y nada se hizo al respecto. “Era el momento ideal para que se muestren todas las virtudes del sistema, pero se tomaron decisiones que implicaron todo lo contrario”, amplió Colli.

Hace tan sólo unos días, y siete meses después del comienzo de los reclamos, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires reaccionó con su ya habitual parsimonia y se comprometió al pago de 62 millones de pesos para la “adquisición de equipamiento y servicios informáticos en el marco de la emergencia sanitaria”.

Los equipos y el software, que ya fueron licitados y serán adquiridos a través del proceso 1-0106-LPU20, servirán para que la Justicia pueda comenzar a trabajar en forma remota y se ponga en marcha definitivamente uno de los servicios esenciales. La medida, criticada por la exagerada dilación, promete traer un preocupante congestionamiento de expedientes luego de más de siete meses de mínimos trabajos. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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