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11 de octubre de 2020 | Nacionales

Arreglos e impunidad

Una licitación de Gendarmería dejó al descubierto los sótanos de la corrupción

Especialistas analizaron una compulsa por la compra de más de mil cubiertas de vehículos y baterías para explicar cómo se manipulan los pliegos para dificultar la participación y obligar a los empresarios a acordar retornos con funcionarios públicos.

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Algo más de veinte años atrás, el académico estadounidense Robert Klitgaard alertó sobre el “equilibrio corrupto” del que, décadas después, hablaría el periodista y abogado argentino Hugo Alconada Mon. Dicho equilibrio se basa en un fenómeno en el que “los altos funcionarios y algunas empresas ganan, mientras que la sociedad pierde”. Ese equilibrio, que sucede en países como Argentina en donde la corrupción y la impunidad son moneda corriente, es el que permite que los beneficios por delinquir sean mucho mayores a los riesgos de terminar preso.

Esta simple fórmula es la que crea el llamado “sistema de sótanos”, un entramado delictivo que permite a grupos de políticos y empresarios enriquecerse y sumar poder sin la necesidad de respetar las leyes a las que está sujeta el resto de la sociedad, y salir impune.

Recientemente, una licitación de Gendarmería Nacional disparó las alarmas del “crimen calculado de la corrupción”, una muestra gratis que obliga a que parte de ese sistema de sótanos salga a la luz por breves instantes. Se trata del proceso de compra 37/1-0054-LPU20 para la adquisición de neumáticos y baterías para los vehículos de la dirección nacional de Gendarmería. A simple vista, una contratación como tantas otras. Sin embargo, un análisis más exhaustivo deja entrever oscuras incongruencias.

Se trata de una compra de 1.184 neumáticos y 80 baterías para vehículos, con un plazo de entrega de “hasta 360 días”, sin especificar fechas. Esto implica que no se sabe, a ciencia cierta, si la mercadería debe ser entregada el primer día hábil o el último, esparcida en cantidades regulares a lo largo de los meses o toda junta.

“En un país inflacionario como Argentina, con abruptas escaladas del dólares y serios problemas de importaciones en plena pandemia por coronavirus, es virtualmente imposible cotizar algo por el estilo”, explicó a este medio un conocedor del tema. “Piden un precio fijo cuando resulta imposible, en la práctica, calcularlo”, aclaró.

De salir beneficiado en la compulsa, el ganador se vería obligado a mantener el mismo precio desde el día en el que se aprueba la orden de compra hasta un año después. ¿Quién puede hacer eso en Argentina?. “Es imposible, dada la inflación y el estado de absoluta imprevisión en la que vivimos todos los empresarios argentinos”, aseguró.

Del mismo modo que ocurre en los sótanos de la corrupción, todo queda a merced de un funcionario. “El mecanismo implica un acuerdo entre el empresario y el funcionario de turno, para que éste pida la mercadería en una fecha determinada a cambio de un retorno. Es la única manera de fijar un precio para tal cantidad de productos”, se atrevió a aclarar un empresario del rubro.

Acorde siempre al pliego, la aprobación de la mercadería se hace en veinte días hábiles. “¿Cómo se pone el precio?”, se preguntó un empresario en diálogo con REALPOLITIK. “¿Cómo lo calculás? Si le tengo que agregar la inflación los costos no tienen límites. Es imposible hacer un cálculo. Me pueden pedir una cubierta la semana que viene y las otras mil el último día. La única forma en la que algo así puede implementarse en la práctica es con un acuerdo con un funcionario. Y acá lo sabemos todos, cada vez que interviene la voluntad de un funcionario, hay corrupción”, sentenció. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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