Con la venia judicial, Larreta podrá seguir vistiendo a monotributistas como agentes policiales

El trabajador municipal Carlos Luis Elias (DNI 18.307.044) y también referente de la agrupación Celeste del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) presentó un amparo en el juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nro. 15 de CABA a raíz de la burda similitud de la indumentaria de los empleados de la ciudad, destinados a la calle por motivos de seguridad, con la Policía de la Ciudad. “Esto puede generar una tragedia en los trabajadores asignados a la prevención del delito”, afirmó. 

“El peligro surge, evidentemente, al estar ligados con la actividad de la Policía de la Ciudad y el hecho objetivo de ser un eslabón del sistema de seguridad público […] interpusimos el recurso de amparo para que se lleve adelante la orden que se identifique de otra forma a estos trabajadores y así evitar prejuicios apelando al principio preventivo que debe reinar en toda política de seguridad”, sostuvo Elias en el expediente judicial. Sin embargo, consideró “arbitrario y desconectado de la realidad” al dictamen del fiscal que va a contramano de lo solicitado y criticó: “Parece que primero debemos lamentar un hecho antes de actuar”.

Cabe destacar que estos empleados municipales fueron derivados al área de prevención del delito, en las calles porteñas, ante la baja de efectivos de la Policía de la Ciudad por estar enfermos con COVID o tener síntomas compatibles a la enfermedad. Además, desde la agrupación Celeste del SUTECBA denunciaron que están “precarizados” en la categoría monotributistas y que cobran alrededor de “25 mil pesos mensuales, no tienen ART, licencia ni vacaciones”. 

En tanto, es importante destacar que los agentes de Prevención en el distrito de Horacio Rodríguez Larreta deben “favorecer el orden, la seguridad y la convivencia de los vecinos en el espacio público” y trabajan en “coordinación con otros miembros del Sistema Integral de Seguridad para evitar y/o resolver situaciones de riesgo”, según establecen las leyes porteñas. No obstante, lo citado no implica que desempeñen tareas de la Policía de la Ciudad aunque sus uniformes, casi idénticos a los de los efectivos de seguridad, parecen determinar lo contrario. 

El personal municipal de Larreta, precarizado, con salarios por debajo de la línea de pobreza, y sin ART.

“Les cambiaron las funciones creando una nueva estructura de prevención del delito y además les dieron un curso de capacitación en quince días para que salgan a la calle; si se las ven complicada tienen un celular de flota para llamar a la Policía, tiempos que dependiendo de la situación son en cuestión de segundos”, esgrimió Ricardo Gilli, referente de la agrupación celeste, en diálogo con REALPOLITIK. En esta línea, apuntó al “negocio” del ejecutivo porteño: “Con cuatro empleados municipales cubren el sueldo de un policía que percibe arriba de 80 mil pesos”. 

Elias contó un ejemplo reciente en su presentación judicial: “Hace días nuestra nación entera vio como una persona que no estaba en sus cabales inició un ataque con un cuchillo contra el personal de fuerzas de seguridad, armados y con protección de chaleco y pese a ello estamos lamentando el fallecimiento de un policía […] como podemos poner personas civiles disfrazadas de policía ante estos hechos”. E insistió: “El peligro es actual e inminente; un sinfín de situaciones perjudiciales pueden generarse si no se actúa rápido y la solución es tan simple como la de dar una correcta identificación al uniforme de los trabajadores de prevención”.

Tras la demanda, la Justicia resolvió rechazar la iniciativa interpuesta por Elías contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, aunque reconoció la "similitud" de la ropa empleada por los monotributistas contratados por la gestión porteña. En un fallo insólito, el juez entiende que la idea de la "disuasión" generada "por la mera presencia" de un agente resulta más importante que la tercerización laboral.

A raíz de esto, este medio supo que la parte demandante apelará el fallo dictado por la Justicia en un tiempo récord de 48 horas. Según entienden, se trata de un "mamarracho jurídico". (www.REALPOLITIK.com.ar)

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