El ajustazo de Alberto y el FMI: Reducir el gasto público, eliminar subsidios y devaluar el peso

La convalidación por parte del poder legislativo es considerada como una “señal fuerte” hacia los mercados en términos macroeconómicos. La posición del presidente es compartida por Cristina Fernández; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Los acuerdos macroeconómicos, coinciden todos, son la “gran apuesta” del gobierno nacional.

En esa línea de acción, Martín Guzmán enviará en breve un proyecto de ley para que todos los acuerdos con el FMI exijan la aprobación legislativa, terminando de este modo con la práctica del macrismo de ningunear las normas vigentes, esquivando su tratamiento por el Congreso Nacional. "Esta semana presentaremos un proyecto para convertir la sostenibilidad de la deuda en una política de estado", adelantó el ministro de Economía. Su texto sería breve, ya que se limitaría a consignar que "el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción requerirá autorización del Congreso de la Nación".

Pese a estas prevenciones, la negociación con el FMI no será sencilla. Sobre todo, hay un punto álgido, el organismo internacional pretende que el gobierno devalúe el tipo de cambio oficial entre un 10 y un 15 por ciento, y que se eliminen las múltiples cotizaciones para fijar un solo valor.

El principal opositor a esta exigencia es el ministro Guzmán, quien considera que su aplicación, lejos de auspiciar una mejora en la economía, sólo generaría consecuencias desastrosas, sobre todo en los indicadores inflacionarios.  A su juicio, los tipos de cambio múltiples aseguran un nivel de ganancia aceptable para los exportadores y sólo debería insistirse en las acciones para continuar cerrando la brecha con el oficial, empresa en la que ha obtenido resultados auspiciosos en las últimas dos semanas, aunque los especialistas dudan que pueda sostenerse en el tiempo.

El objetivo del gobierno consiste en mantener la política actual hasta el mes de marzo, cuando cree que comenzarán a entrar dólares “frescos” de las exportaciones de productos primarios. Un cierre rápido de la renegociación daría buenas señales a los mercados, pero, en las condiciones que pretende el FMI, podría provocar turbulencias significativas en los meses previos.

La contrapropuesta del gobierno será un incremento del ajuste del gasto público que permita incrementar las metas de reducción del déficit, fijadas en 4,5 por ciento del PBI para el presupuesto 2021, frente al 12 por ciento negativo que se espera para este año 2020. De este modo, las autoridades argentinas estarían dispuestas a comprometerse a reducir el déficit 2021 a 3 puntos -9 menos que el del año actual-, lo que se conseguiría con la eliminación del presupuesto de las partidas asociadas a asistencia frente al COVID-19, la supresión de las PASO y el crecimiento económico esperado para el año entrante. También habría un drástico recorte de los subsidios a los consumos privados de servicios públicos, que ya se anunciaron para el mes de enero, aunque aún no se haya precisado su magnitud.

De este modo, el “ajustazo” que se viene alcanzaría una magnitud fenomenal. Y no son pocos los que, informalmente, auguran consecuencias muy preocupantes. Sobre todo en el contexto de un año electoral en el que el gobierno deberá plebiscitar su desempeño y cuando no ha dejado de declinar su imagen en las todas las encuestas.  (www.REALPOLITIK.com.ar)

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