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24 de noviembre de 2020 | Nacionales

Un proyecto clave

¿Qué pasa con la reforma judicial?

En los próximos días Alberto Fernández recibirá el informe de los once expertos convocados para asesorar en la iniciativa de reforma del poder judicial. La reunión debía realizarse el miércoles pasado, pero fue postergada por el aislamiento que debió realizar el presidente. 

El citado informe suma más de 11 mil páginas, de las que sólo trascendieron hasta ahora las 64 que corresponden al capítulo 4, que incluye las “recomendaciones”. Es el más relevante en términos políticos, ya que el resto desarrolla cuestiones formales, teóricas y documentales. 

La reforma judicial viene siendo cuestionada desde la oposición, que pretende mantener el funcionamiento actual de un poder que es el más desacreditado de la Argentina, pero en el que ejerce influencias notables. Pero también hay controversias entre el presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández, quien se anticipó en avanzar con la reforma de ministerio Público siguiendo las consideraciones de seis juristas que recomendaron la conveniencia de que el procurador General de la Nación sea nombrado con la mitad más uno de los votos del Senado, en lugar de los dos tercios que se exigen actualmente. Además se recorta su mandato, que dejaría de ser vitalicio. Este proyecto cuenta ya con dictamen de los senadores.

Una vez que el presidente reciba el informe de los expertos lo girará a la Ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien prácticamente ha quebrado toda relación con la vicepresidenta, después de que ésta le objetara no haber puesto e cuerpo para sostener la 

El resto de las recomendaciones comenzarán pronto a ser evaluadas por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien está en el peor momento de su relación con Cristina, que le recrimina no haber puesto la cara para defender su reforma judicial, que fue aprobada por la cámara alta a fines del mes de agosto. Debido a las objeciones de los diputados opositores su tratamiento quedó inconcluso, y Alberto Fernández, para destrabar la situación, prometió enviar un nuevo proyecto.

El informe no se expide sobre la integración de la Corte Suprema, ya que los expertos no fueron consultados al respecto. Para canalizar la multitudinaria presentación de casos que actualmente se presentan -por encima de los 23 mil por año, de los que sólo se resuelven unos 6 mil-, se proponen diversas instancias resolutivas: que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA oficie como tribunal de alzada, que una cámara que resuelva las apelaciones y que un tribunal federal oficie en los casos de sentencias arbitrarias. 

El Consejo de la Magistratura es, con mucho, el organismo que más críticas y objeciones recibe, por lo que se aconseja modificar su composición, recomendándose su constitución futura con dieciséis miembros, cuatro por cada estamento: abogados, jueces, legisladores y universitarios, los que no deberán ser necesariamente abogados. 

"La idea es que se hagan concursos anticipados para que cuando esté la vacante, ya esté acelerado el proceso para cubrirla”, anticipó uno de los expertos, Andrés Gil Domínguez. También se recomienda que el examen oral no permita otorgar más del 20 por ciento del puntaje total, para evitar manipulaciones. 

Asimismo se sugiere ejercer un mayor control sobre la utilización de los fondos judiciales, según lo especifica la ley vigente, que no es observada habitualmente por los miembros de la Corte Suprema. También se recomienda la adopción de una matriz más federal en la administración de Justicia y la inclusión de la perspectiva de género en la integración de los órganos judiciales y la realización de audiencias públicas en el interior del país para seleccionar a los miembros de la Corte.   

Las recomendaciones de los expertos son sensatas, oportunas y no expresan ninguna clase de parcialidad partidaria. Sin embargo, se trata de un tema espinoso, que difícilmente volverá a ser tratado en las cámaras legislativas antes de fin de año. La Justicia es un poder determinante y permanente que permite reproducir un orden de cosas en el tiempo. Además, por la condición vitalicia de la mayoría de los cargos, se trata de una estructura aristocrática muy difícil de modificar en democracia, cuando ese mismo poder debería dar el visto bueno, en última instancia, para su propia liquidación y reconfiguración. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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