Duro golpe a la causa de los “cuadernos” y el “lawfare” macrista

La noticia impacta. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el sobreseimiento de más de doscientos procesados, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández, en un expediente derivado de la causa  "cuadernos", que había armado el fallecido Juez Claudio Bonadio. 

En el expediente se “investigaban” supuestas irregularidades en subsidios otorgados a empresas de autotransporte de pasajeros. Previamente la Cámara Federal ya había revocado el procesamiento de la vicepresidenta.

Una por una, las causas armadas por el difunto juez Claudio Bonadío, con la bendición o la promoción del gobierno de Mauricio Macri, van cayendo de manera estrepitosa. Sin pruebas fehacientes y con graves cuestionamiento sobre los mecanismos de construcción de las acusaciones, la manipulación del aparato judicial que caracterizó a los poderes públicos de la gestión de Cambiemos permite confirmar todas las denuncias y cuestionamientos que se vienen formulando desde entonces.

La decisión de Martínez de Giorgi alcanza a 213 imputados, entre ex funcionarios como Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime y empresarios, que en muchos casos fueron chantajeados para declarar en su contra o denunciar a terceros para conservar la libertad. Ya en 2019 la Cámara Federal, con las firmas de los ahora mediáticos jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, había debido reconocer la ausencia de pruebas y revocar los procesamientos, ante el impresentable desempeño de Bonadio. Este martes, la medida judicial terminó de reconocer que no había prueba suficiente siquiera para mantener la imputación.

Martínez de Giorgi es el sucesor de Bonadio en el juzgado Federal Nro. 11. Quien podría apelar la decisión es otro impresentable de la órbita del macrismo, el fiscal Carlos Stornelli, investigado por espionaje ilegal y extorsiones. El juez en funciones destruyó los argumentos de su antecesor al consignar que resulta imposible hacer una perita técnica para corroborar si se falsearon los informes de kilometraje de las unidades, como había argumentado -sin pruebas fehacientes- Bonadío.

Todavía quedan en pie tres procesamientos de la vicepresidenta ligados a la causa de los cuadernos: el expediente principal sostenido sobre las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, una base documental que sería nula en cualquier país republicano, el de la cartelización de la obra pública y el relacionado con los subsidios ferroviarios. Estas causas se tramitan en la órbita del  Tribunal Oral Federal Nro. 7, a cargo provisoriamente del juez Germán Castelli, uno de los protagonistas -junto a Bruglia y Bertuzzi- de la opereta judicial sobre los traslados de jueces a dedo durante el macrismo, para vehiculizar las apetencias del gobierno de Macri. La Corte Suprema decidió mantenerlos en sus cargos hasta la realización de los concursos dispuestos por la constitución que, como en otros tantos casos, fue esquivada u omitida en reiteradas ocasiones por el gobierno que concluyó el 10 de diciembre de 2019.

Luego de la decisión de Martínez de Giorgi queda por resolver la cuestión verdaderamente nodal de la causa "cuadernos", sobre la que se expediría próximamente la Cámara Federal de Casación Penal. Esto es, si se caen las declaraciones de los arrepentidos, fundamento principal de todo el expediente, por las gravísimas fallas procedimentales e institucionales en las que fueron realizadas. Las defensas de los acusados reclamaron oportunamente en una audiencia que se dictase la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido y su aplicación directa en esta causa, puntualizando en que no existen filmaciones de los arrepentidos, como exige la normativa vigente al prever el resguardo de "registros que garanticen" la posibilidad de corroborar las declaraciones. El universo de los afectados por la práctica del lawfare durante el macrismo incluye a unos 31 empresarios y ex funcionarios.

Quienes deberán expedirse al respecto en la Casación son los Jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Cualquiera sea su decisión se pronostica que será motivo de apelación ante la Corte Suprema. Otro fierro caliente que deberá procesar un poder que es el más cuestionado por la sociedad argentina.

De lo que no quedan dudas ya es que el mandato de Mauricio Macri quedará consagrado como las años en que las instituciones, los derechos y hasta la propia constitución vivieron en peligro de ser arrasados por un gobierno que se presentaba como garante de aquellos fundamentos constitucionales que no cesó de corroer en cada ocasión que se oponían a sus objetivos e intereses.

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