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Provincia
“Lilita” Carrió afirma que esta retirada de la política, pero se la nota tan activa como siempre. O tal vez más que nunca. Con las energías recargadas.
Después de confrontar con Mauricio Macri, afirmando que “ya fue”, ahora la titular de la Coalición Cívica enfocó sus cañones contra Cristina Fernández, y ordenó a sus legisladores que presentaran un pedido formal de juicio político por los conceptos vertidos contra la Corte Suprema en su última carta pública. Para “Lilita”, quien considera que la Justicia argentina es excelente, la misiva de la vicepresidenta “es una alteración del orden democrático”.
Cierto es que más del 88 por ciento de los argentinos considera que la Justicia es el poder más corrupto de la república, y el lawfare ha sido criticado incluso por reconocidos juristas internacionales. Pero eso no resulta obstáculo para que la ex diputada siga considerando la única opinión que le importa: la suya propia.
Las causales argumentadas para tal iniciativa son insólitas ya que constituyen un ataque directo al derecho a la libertad de expresión. ¿Intenta “Lilita” ponerle una mordaza a los críticos de la Justicia, para así garantizar la reproducción indefinida de un poder en el que ejerce significativa influencia? Ya los jueces se autoeximieron del pago del impuesto a las ganancias: ¿Ahora “Lilita” pretende eximirlos también del ejercicio de la crítica sobre sus acciones y prácticas?
Para tratar de sostener esta propuesta, los “lilitos” argumentaron razones de “alteración del orden democrático” y acciones de “gravedad institucional”, que constituirían supuestas presiones de Cristina sobre la Justicia. Sin embargo, y a juzgar por las acciones de la Corte Suprema durante el gobierno del Frente de Todos, no parece que el supremo tribunal se haya sensibilizado demasiado ni sufrido ninguna clase de “apriete”.
En su carta pública, Cristina afirmó que la Corte Suprema encabezó un "proceso de lawfare", lo que fue contestado por un comunicado de Juntos por el Cambio con el argumento de que se trataba de “un golpe a la constitución”. Además acusaron a la vicepresidenta de "mal desempeño" y de impulsar un "avasallamiento a las instituciones argentinas". El juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, fue bastante más cauto y se limitó a expresar que "la polarización produce parálisis en las decisiones" y el consenso.
Más aún, Lorenzetti se limitó a proponer que se bajaran los decibeles de la confrontación, sin exigir medida judicial o disciplinaria alguna. En esa clave lamentó que "las instituciones promuevan el roce entre visiones diferentes, un aumento de la flexibilidad de las pares y un incremento de las opciones de solución".
Para “Lilita” esta actitud resulta demasiado “tibia”. Quiere sangre y escándalo. A la postre, las dos claves que sostuvieron toda su carrera política. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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