El defensor del Pueblo se pronunció a favor del Juicio por la Verdad en un caso de abuso

El funcionario recibió en su despacho a la letrada Paz Bertero y a Patricia Aguirre (35), quien denunció el año pasado que durante los 5 y 10 años (1990-95) había sido abusada sexualmente por Manuel Romero, plomero, domiciliado en el barrio Gorriti de Glew. La niña vivía con su mamá y su abuela. Compartían el terreno donde el acusado tenía una vivienda al fondo junto a sus hijas y esposa.

Manuel Romero, el hombre denunciado por abuso.

De acuerdo a la ley vigente en el momento de los abusos, el caso está prescripto y fue lo que argumentó la defensa. Romero no irá preso. Pero el Juzgado de Garantías número 8 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Gabriel Vitale, tuvo una mirada superadora de los hechos y pidió la “reparación simbólica” del daño cometido a la joven cuando era niña. El magistrado aceptó la “prescripción” de la defensa, pero solicitó que se lo juzgue como a los genocidas con un Juicio por la Verdad que es el reconocimiento de los hechos cometidos.

Lorenzino, en calidad de defensor del Pueblo, adhirió al pedido de Vitale y se presentó en los tribunales lomenses en carácter de amicus curiae, “con el objetivo de acompañar este proceso que resulta necesario como respuesta estatal que apunte a la reparación de los derechos vulnerados y para que no se repita en casos similares”.

“Desde la defensoría del Pueblo bonaerense acompañamos a la denunciante porque creemos que algo está muy mal. Si la causa queda archivada, por un lado, el estado renunciaría a su responsabilidad de investigar el delito de abuso sexual infantil y, por el otro, la víctima (se) quedaría sin el derecho a que haya una reparación al tormento que vivió. Ganaría la impunidad”, dijo. 

“Ante este panorama, los ‘Juicios por la Verdad’ aparecen como una alternativa. Son juicios orales y públicos que, ante la prescripción de la causa, pueden servir para que la persona que haya sufrido delitos contra la integridad sexual pueda alcanzar algún tipo de reparación, más allá de que al condenado no se le aplique una pena concreta”, agregó el funcionario. 

La decisión de continuar o no hacia el juicio queda bajo la órbita de los jueces de la sala 1 de la Cámara de Apelación Penal de Lomas de Zamora, Guillermo Rolón, Miguel Navascues y Miguel Alberdi, quienes deberían expedirse en el corto plazo. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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