Pedido de juicio político para los integrantes del Tribunal Superior que avalaron el ajuste de Larreta

La iniciativa apunta a que los jueces Marcela De Langhe, Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano sean objeto de investigación y posterior destitución por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Al margen de la iniciativa quedó la magistrada Alicia Ruiz, quien expresó su disidencia con la decisión del TSJ.

En el escrito respectivo se condena el "escandaloso fallo" que dispone que sólo pueden exigir vacantes en las escuelas públicas quienes no puedan pagar instituciones privadas. Los denunciantes afirman que el fallo fue “a pedido de Larreta", con el fin de "seguir ajustando la educación pública”.

La iniciativa fue impulsada por un significativo grupo de legisladores opositores de diversos  espacios políticos, así como por representantes de la comunidad educativa. En un país que hasta no hace mucho tiempo se enorgullecía por la calidad de su educación pública de acceso universal y gratuito, el Pro no ha cejado de ajustar y deteriorar la calidad educativa. Días atrás, la sistemática falta de vacantes para los niños porteños fue avalada por un inédito fallo del TSJ porteño, que desconociendo las constuticiones nacional y de la CABA, determinó que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta no debe garantizar vacantes en las escuelas públicas, salvo en aquellos casos en que quienes las exigen demuestren fehacientemente que no pueden pagar la educación privada para sus hijos.

La decisión de la Justicia porteña fue la respuesta a un recurso de inconstitucionalidad del gobierno de la Ciudad en la demanda presentada en 2017 por la madre de un niño de dos años que solicitaba una vacante a su hijo en un jardín de infantes. Los cuatro jueces que ahora están en la mira de la oposición fallaron que no existe una obligación del estado local de ofrecer vacantes a todas las niñas y niños de entre 45 días a 3 años de edad, y recomienda a la gestión de Rodríguez Larreta aplicar criterios de priorización relacionados con la presentación de certificados de pobreza o similares. 

Esta decisión fue repudiada en una conferencia de prensa convocada en las puertas de la Legislatura porteña, de la que participaron Legisladores del Frente de Todos y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, representantes sindicales, de centros de estudiantes, cooperadoras y diversos colectivos de la comunidad educativa.

Lorena Pokoik, legisladora del FdT y vicepresidenta de la comisión de Educación, expresó: “Es imprescindible iniciar una investigación a fondo sobre el incumplimiento de los deberes de funcionario público de los integrantes del tribunal que firmaron este fallo que es un gran disparate, aberrante y atenta contra la constitución de la Ciudad y contra todos los derechos y garantías consagrados”. En términos similares se manifestó el resto de los oradores.

“Con los pibes no, Larreta”, fue la consigna más escuchada durante el evento. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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