A contramano de la despapelización, CUCAIBA gastará 1.3 millones en alquilar fotocopiadoras

En los primeros meses del año 2016, el por entonces ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, lanzó un proceso de digitalización de los trámites que lleva adelante el Estado en todas sus esferas. Los motivos para lanzar aquella iniciativa fueron múltiples.

En primer lugar, una razón global. Los líderes de todo el planeta, con el presidente norteamericano Barak Obama a la cabeza, estaban concientizando sobre el impacto del consumo descontrolado de árboles para fabricar papel en el medio ambiente. A pesar de que la idea de emplear fibras recicladas y bosques gestionados ya existía, lo cierto es que las administraciones públicas de los diferentes gobiernos del mundo consumían a un ratio mucho mayor que la capacidad de replantación de árboles.

Por otro lado, un motivo local. El tamaño del gasto anual que lleva adelante el estado argentino tan sólo para archivar y almacenar cientos de miles de expedientes en papel, cuyo destino difícilmente sea otro que el de acumular polvo y ser alimento para las ratas, es inconmensurable. Sin ir más lejos, existen ministerios que alquilan depósitos y hasta casas antiguas tan sólo para almacenar carpetas viejas. Al gasto en alquiler, se le agrega costos de mantenimiento, impuestos, servicios, seguridad y hasta servicios de desratizaciones.

Con esto en mente, Ibarra lanzó el proceso de digitalización. No sólo permitiría más transparencia en el armado y manejo de expedientes, sino fundamentalmente menores costos en su archivo y un impacto nulo en el medio ambiente. Con el correr de los meses, la mayoría de los organismos tomaron decisiones en este sentido. El SIGAF implementado por el gobierno de María Eugenia Vidal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires fue, tal vez, la bandera de todo el movimiento de despapelización.

Sin embargo, la llegada de Axel Kicillof a la gobernación bonaerense significó un violento parate a la iniciativa. Organismos como la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), el OPDS y IOMA, por sólo citar algunos ejemplos, comenzaron a nadar en papeles, invertir millones en impresoras, fotocopiadoras y dejar lo avanzado en la nada misma.

En este sentido, la reciente compulsa pública del Fondo de Transplante de CUCAIBA deja poco margen para la sorpresa. En efecto, a través del proceso 402-0223-PAB20, el organismo del ministerio de Salud que actualmente preside Francisco Leone lanzó un procedimiento abreviado a través del cual gastará 1.320.000 pesos en alquilar fotocopiadoras.

En un franco desafío a la despapelización, el pliego anticipa que se “contemplará un total de copias mínimas mensuales de 100 mil entre los 18 equipos alquilados, incluidas 5 mil copias color”. A contramano del mundo, la provincia de Buenos Aires continúa proyectando un futuro de expedientes, carpetas, contaminación y gastos desproporcionados, en medio de una de las peores crisis financieras de las últimas décadas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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