Digitalizar la administración pública, la silenciosa deuda pendiente del Frente de Todos

El programa de Digitalización de la Administración Pública nació en los albores del 2016, de la mano del por entonces ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra. La idea, claro está, no era nueva, sino importada de países que ya la estaban ejerciendo desde hace varios años, como Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia, Australia y Nueva Zelanda, entre otros.

La idea implicó que la totalidad de documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en general, se realicen íntegramente de forma electrónica. Solamente en los primeros 18 meses, le generó al gobierno de Mauricio Macri un ahorro superior a los 2.000 millones de pesos en concepto de trámites que dejaron de hacerse en papel.

El proyecto aseguró, además, un notable ahorro que no se había tenido en cuenta, al menos en un principio. Año a año, el estado nacional y los provinciales gastan miles de millones de pesos en alquilar depósitos, contratar empresas para archivar y custodiar fichas, carpetas y expedientes, y hasta ha llegado a alquilar casas antiguas con el sólo propósito de llenarlas de estanterías plagadas de amarillentos expedientes atados con hilo de pizza. No menos importante, a todos estos gastos se suma el del control de plagas, para evitar que la los documentos terminen siendo alimento de las ratas.

En poco tiempo, se comprobó que la llamada “despapelización” optimiza espacio físico, dinamiza los procedimientos administrativos y, por supuesto, evita dañar al medio ambiente. Trae además un beneficio adicional que, en nuestro país, podría generar una enorme diferencia. Al facilitar el acceso a la información a través de las páginas web institucionales a todos los habitantes y ciudadanos con respecto a cualquier acto de gobierno, provee transparencia.

“Este decreto responde a un objetivo en el que venimos trabajando desde el 2015: desterrar por completo el papel de la administración pública, permitiendo que todas las interacciones con el estado sean de manera digital, más rápidas y más simples”, explicó en el 2018 Ibarra.

Lo que el ministro no mencionó, por omisión o pudor, es que la digitalización iba a ser una herramienta clave contra la corrupción. Cualquier proveedor del estado puede dar fe que el recorrido de un expediente de cobro, desde que entra en una repartición hasta que pasa por la Contaduría y la Tesorería, es un sendero de postas en la que cada una tiene el riesgo de un pedido de coima.

La posibilidad de que el expediente sea digital, que solo deba revisarse digitalmente y darle visto en cada oficina, que el proveedor tenga desde el principio de su trámite fecha cierta y monto de cobro, hace que la corrupción, si bien siempre es posible, se dificulte.

Sólo los primeros dos años, entre el 2016 y el 1928, se caratularon en el país más de 7 millones de expedientes electrónicos en más de 160 organismos públicos. Sin embargo, toda esta historia en la provincia de Buenos Aires, la sede administrativa que maneja la mayor cantidad de papel del país, huele a deuda aún por saldar. Los ejemplos son tantos que sería imposible graficarlos todos, pero veamos algunos ejemplos.

Hace apenas unas horas, el CUCAIBA autorizó un gasto de 1.3 millones de pesos en fotocopiadoras, anticipando un promedio de 100 mil fotocopias mensuales como mínimo. Pero el paso que dio el organismo dependiente del ministerio de Salud bonaerense es sólo la punta del iceberg.

En febrero, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) tuvo que gastar casi 4 millones de pesos tan sólo para archivar su enorme pila de expedientes físicos. La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) invirtió en el mes de octubre 63 millones en papel.

La lista sigue. Apenas asumido, el gobernador Axel Kicillof gastó varios millones de pesos en comprar 1.200 fotocopiadoras. Poco tiempo atrás, la Contaduría General dispensó 58 millones en cartulina. Se podría continuar durante horas.

La importancia de un proceso profundo de digitalización de la administración pública quedó al descubierto con el inicio de la cuarentena impuesta por el gobierno de Alberto Fernández con motivo de la lucha contra el coronavirus. Lo poco que se había hecho, como la posibilidad de entregar las ofertas por licitaciones públicas y llevar adelante la apertura de forma remota, funcionó sin problemas o con menores contratiempos.

La necesidad de modernizar la estructura pública del estado argentino parece ser cada día más urgente, el ahorro que implicaría para el país se vuelve esencial en el contexto de la crisis económica, su valor en la lucha contra la corrupción es cada día más evidente y el impacto en el medio ambiente lo volvió una herramienta primordial. Ya es hora de que la administración pública argentina entre, finalmente, en el siglo XXI. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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