El Servicio Penitenciario Federal espía a sus propios agentes para evitar reclamos salariales

Una orden del día firmada por Laura Alicia Recalde, oficial jefe del departamento de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Federal, desató la voz de alarma entre todos los agentes de la fuerza. En ella, el organismo dejó en claro que está realizando tareas de “ciberpatrullaje” y espiando a sus propios efectivos con el objetivo de disciplinarlos.

En un informe de cinco carillas en el que abundan capturas de pantalla pertenecientes a un agente de la fuerza, el organismo que depende en última instancia la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, mostró las viejas mañas de las épocas más oscuras del país, con persecuciones que rememoran las técnicas de la KGB soviética.

En las capturas se observa cómo un efectivo publicó sus intenciones de hacer público diversos reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo. Más específicamente, solicitó una “recomposición salarial acorde a la actual situación inflacionaria y a acuerdo de partes, y una mejora de la situación laboral general, especialmente en cuestiones de higiene sanitaria e infraestructura”.

A pesar de lo legítimo de sus reclamos, el departamento de Asuntos Internos envió una circular informando el nombre y apellido del agente y pidiendo una intervención de la dirección nacional. Incluso da a conocer el número de credencial de la persona involucrada y hasta aclara que presta funciones en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.

Fuentes de la propia fuerza aseguraron a REALPOLITIK que quien estaría manejando los hilos de esta persecución no sería otro que el actual viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena. Vale recordar que Mena fue subsecretario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y está procesado a raíz del memorándum de entendimiento con Irán cuya investigación se llevó la vida del fiscal Alberto Nisman.

Los ex jefes de la AFI K, Oscar Parrilli y Juan Martín Menna.

“El mensaje es claro, quienes quieran reclamar mejoras o protestar, serán sancionados, echados o cesanteados”, explicaron.

De poco y nada sirvió que el agente espiado haya pedido explícitamente que cualquier protesta se haga “sin uniformes, sin elementos contundentes, sin pintar ni dañar fachadas y utilizando todas las medidas de seguridad e higiene conforme a la pandemia”.

De este modo, el Servicio Penitenciario Federal, intervenido actualmente por la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, se lanzó de lleno a una actividad de espionaje y ciberpatrullaje de sus propios agentes. Esta situación fue denunciada durante los últimos días por el abogado y ex jefe de Asuntos Internos de la institución, Miguel Angel Perrotta, que casualmente fue pasado a disponibilidad por Garrigós luego de que fuera imputado en una causa por el presunto espionaje macrista. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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