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23 de enero de 2021 | Nacionales

Ni Justicia ni Derechos Humanos

IGJ: Un trabajador, chivo expiatorio para perpetuar la impunidad

En el mes de julio, la doctora Silvina Martínez, especialista en temas de corrupción, presentó una denuncia penal por la venta de turnos para la Inspección General de Justicia en Mercado Libre. Con la llegada del kirchnerismo, el organismo, centenario y de vanguardia, se transformó en uno de los más cuestionados del estado nacional.

La base de información de la Inspección General de Justicia no solo representa un botín para la salvaguarda de ex funcionarios de la talla de Amado Boudou y Cristina Fernández de Kirchner, dada la multiplicidad de causas que aún la complican. La IGJ es, también, el refugio de la agrupación La Cámpora en la interna que mantiene con la titular del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, quien recientemente tuvo que salir al cruce de las acusaciones sobre la integración de una sociedad off shore en la que se lo involucraba junto a su esposo.

La cartelización del ministerio hace que, más que un capitán de barco, Losardo tenga que ponerse en rol de defensora de sus subordinados. Y en este mar de internas surge la figura del polémico Ricardo Nissen, titular de la IGJ. Sus antecedentes altamente cuestionables incluyen haber sido apoderado de la familia Kirchner, accionista de Hotesur y acusado de falsear libros societarios. En el año 2019, por caso, la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial sancionó a Nissen por haber aportado pruebas falsas en un expediente judicial para obtener una sentencia a su favor. Esto hace del funcionario nacional un hombre de cuestionable idoneidad moral e imparcialidad para conducir los destinos de la Inspección General de Justicia.


Margarita Stolbizer llegó a pedir la impugnación de la designación de Ricardo Nissen.

En este contexto, una vez más son los trabajadores del organismo quienes se convierten en chivos expiatorios del juego de la política y las gestiones de gobierno. En ese marco, un empleado contratado por más de diez años por el sistema de entes, sin una sola sanción disciplinaria a lo largo de su carrera, resultó despedido en una consumación de fraude laboral propiciada por el propio estado. Lo curioso es que, como excusa, se lo relacionó arbitrariamente con la denuncia de Silvina Martínez.

Las autoridades de la IGJ, muchos de ellos hombres de leyes, acusaron, juzgaron y sentenciaron al trabajador sin ningún tipo de prueba ni derecho de defensa. Más paradójico aún es que esta irregularidad se dio justamente en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lo único cierto es que un trabajador negreado laboralmente fue despedido, sin prueba ni sumario.

En esa línea, a pesar de su afiliación a UPCN, el gremio que conduce Andrés Rodríguez prefirió llamarse a silencio, fiel a su costumbre de defender los intereses del gobierno del Frente de Todos que conduce Alberto Fernández en detrimento de la integridad de los trabajadores.

El caso resulta más llamativo aún si se considera que existe por parte del ejecutivo nacional una prórroga hacia la prohibición de despedir empleados. El accionar solo se explica como un intento de encubrir a los verdaderos responsables frente a la ministra Losardo quien, lejos de intervenir, parece haber preferido la comodidad de comprar el “diario de Nissen”.

Finalmente, según supo este medio, el afectado ya inició acciones legales y no descarta llegar a instancias internacionales de ser necesario. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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