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22 de enero de 2021 | Historia

1824

Los unitarios porteños y un nuevo intento de centralización política

La organización política del Río de la Plata implica un proceso lleno de marchas y contramarchas. En 1820 se firmó el tratado de Benegas, que incluía la convocatoria de un congreso constituyente.

HORACIO DELGUY

por:
Alberto Lettieri

La sede designada para realizarlo fue la Ciudad de Córdoba, algo que a la dirigencia porteña no le agradaba en absoluto, por la dificultad manifiesta para controlar su funcionamiento a la distancia. Un año después, la muerte de Francisco Ramírez modificó el escenario y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes firmaron el Tratado del Cuadrilátero (25 de enero de 1822), que incluía una declaración de paz y amistad, una alianza defensiva-ofensiva, el libre comercio entre las provincias firmantes y el derecho compartido a convocar un congreso. De este modo, las pretensiones de liderazgo nacional del caudillo cordobés Juan Bautista Bustos quedaban neutralizadas.

En 1824 llegó a Buenos Aires el nuevo cónsul inglés, Woodbine Parish, con la misión de firmar un tratado de libre comercio y amistad, como precondición para el reconocimiento de la independencia. Sellado el 2 de febrero de 1825, significó la inclusión de la Argentina como país dependiente dentro del sistema de división internacional del trabajo, asumiendo el rol de productor de alimentos y materias primas y comprador de servicios y manufacturas.

En cumplimiento del Tratado del Cuadrilátero, en 1824 se reunió en Buenos Aires un congreso constitucional. La convocatoria fue aceptada por todas las provincias, la Banda Oriental, Misiones y Tarija. Por entonces se produjo el desembarco en la costa uruguaya de Juan A. Lavalleja y sus 33 Orientales, con el objetivo de liberar a la Banda Oriental de la dominación brasileña. Los orientales pusieron sitio a los invasores en Montevideo y reunieron un congreso que declaró la reincorporación de la Banda Oriental a las Provincias Unidas. Esta iniciativa fue aprobada por el Congreso Nacional el 25 de octubre de 1825. Dos meses después, el emperador del Brasil declaró la guerra.

La necesidad de contar con un gobierno nacional que hiciera frente a la guerra motivó la designación de Rivadavia como presidente, en febrero de 1826. Aún no se había sancionado una constitución, por lo que este cargo carecía de un marco normativo preciso. Sus ministros fueron Julián Segundo de Agüero en Gobierno, Carlos María de Alvear en Guerra y Marina, Francisco Fernández de la Cruz en Relaciones Exteriores y Salvador María del Carril en Hacienda. La noticia no fue bien recibida en las provincias, y la constitución, que finalmente se aprobó tres meses después, fue rechazada inmediatamente en casi todas.

Rivadavia aceleró el proceso de centralización política. Hizo aprobar una ley de Capitalización que dispuso la federalización de la Ciudad de Buenos Aires y parte de su ejido rural, la nacionalización de la Aduana y la creación de un Banco Nacional, que no consiguió consolidarse. También se nacionalizaron tierras provinciales, disponiéndose su incorporación al sistema de enfiteusis. Sus decisiones le valieron la oposición de terratenientes y comerciantes, que se sumaron a las resistencias del interior. La oligarquía porteña le quitó su apoyo y reconoció el liderazgo de Manuel Dorrego y Manuel Moreno, quienes hasta entonces habían sido ignorados por sus posiciones federales ortodoxas.

El otro gran eje de la acción de Rivadavia fue la guerra con el Brasil, que a pesar de sus resultados militares favorables no pudo sostenerse económicamente debido al débil estado de las finanzas nacionales y los desaciertos políticos del presidente.

La constitución argentina sancionada el 24 de diciembre de 1826 proclamó el sistema representativo, republicano, bajo un régimen unitario. El estado nacional se organizaba de acuerdo con el principio de división de poderes, con un legislativo bicameral. El poder judicial se componía de una Alta Corte de Justicia, tribunales inferiores y juzgados. Las provincias estarían gobernadas por gobernadores, designados por el presidente con acuerdo del Senado, a partir de una terna propuesta por Consejos de Administración provinciales elegidos por el pueblo. La constitución, una vez más, iba a contramano de la opinión de la mayoría de las provincias, que expresaron su repudio a lo largo del país.

De este modo se abría un nuevo capítulo de las guerras civiles argentinas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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