Larreta la prefiere sumisa

Que a la Justicia en la Argentina se le cayó la venda de los ojos hace muchísimo tiempo es algo que no da lugar a duda. Pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la situación ha llegado a un extremo poco habitual, ya que el Tribunal Superior de Justicia y el poder judicial local, que se llevan casi la mitad del presupuesto del distrito, directamente parece actuar como un brazo ejecutor de las políticas del gobierno porteño.

Días atrás el TSJ porteño sorprendió con la novedad de atribuir la razón al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en su posición de que no debía garantizar vacantes a todos los estudiantes del distrito, sino únicamente a los que presentasen un certificado de pobreza o similar. La decisión resultó ampliamente cuestionada ya que va en contra de todos los antecedentes disponibles en la historia argentina, en un país donde la educación pública ha sido siempre uno de los pilares constitutivos de la nacionalidad.

Pero, para el gobierno del Pro y la Justicia porteña, quedó demostrado que la educación no es una inversión y una obligación pública, sino un gasto que puede incluirse sin problemas dentro de ajuste cualquier ajuste presupuestario. En la CABA hay dinero para baldosas y plazas secas. La educación va a la retaguardia.

La problemática educativa no concluyó allí. En la causa iniciada por la agrupación Celeste de SUTECBA en la que se solicitaba que el gobierno de la Ciudad explicara cómo iban a realizarse los testeos a los docentes para garantizar la seguridad de la comunidad educativa, las familias y la sociedad en general, a fines de evitar la multiplicación de los contagios de COVID-19 con el retorno a las aulas, hubo novedades, y nada beneficiosas para la transparencia institucional ni para la división de poderes.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recusó al juez Roberto Gallardo, quien tramitaba la causa y había convocado a las autoridades de la Ciudad para proveer de esas explicaciones por  "manifiesta falta de imparcialidad". En consecuencia, el magistrado quedó apartado de la causa, razón por la cual, tras la recusación de la procuración General de la Ciudad la causa se trasladará a otro juzgado, hasta que se resuelva esa presentación. Los tiempos de definición de esta presentación quedan en el limbo, por lo que podrían extenderse más allá de la fecha fijada unilateralmente por las autoridades porteñas para el inicio del ciclo lectivo, el 17 de febrero.

La procuración porteña argumentó que el juez del fuero Contencioso Administrativo incurrió en un "apartamiento manifiesto" de las reglas de debido proceso.

En realidad, Gallardo es uno de los pocos jueces que no forma parte del andamiaje político judicial del Pro en la CABA, y desde hace mucho tiempo han intentado removerlo sin conseguirlo. Gallardo fue el juez que obligó a las plataformas de delivery a proveer del equipo a sus trabajadores, ordenó apagar un cartel luminoso de la empresa Coca-Cola en la avenida 9 de Julio y suspendió obras públicas impulsadas por el gobierno porteño en condiciones irregulares.

La presentación de la procuraduría de la CABA implicó una desautorización de la decisión del ministro de Salud, Fernán Quirós, y de la ministra de Educación, Soledad Acuña, quienes habían manifestado su disposición a presentarse personalmente a dar las explicaciones requeridas.

Quirós había afirmado: "Es muy apropiado dialogar sobre la estrategia, y estamos dispuestos a explicarle a la Justicia el aval científico y las razones por las cuales es correcto hacer una estrategia de testeo intensiva". El ministro se limitó a afirmar que “está previsto que los docentes se hagan los testeos y también anunciamos que, cuando estén disponibles las vacunas para docentes, empezamos el plan de vacunación".

Pero la ministra, especializada en denigrar a los docentes porteños y cuestionar la calidad de la educación pública que provee el ministerio que ella misma dirige, ahora emprendió contra el juez Gallardo: "Habría que preguntarle a él cuál es su intencionalidad. La nuestra es que empiecen las clases y haremos lo que haga falta para que los chicos estén en las aulas".

La reticencia de las autoridades porteñas a dar explicaciones sobre las condiciones de retorno a la presencialidad educativa plantea serias dudas sobre las condiciones de seguridad en que se desarrollará el mismo. ¿Se niegan a dar mayores precisiones porque –tal como señalan los sindicatos docentes y muchos padres- su estrategia es inconsistente y sumamente riesgosa para toda la sociedad porteña?

El Pro parece decidido a empezar las clases en las condiciones que sea como parte de su marketing político electoral. El problema es que quienes podrían ser las víctimas de esta ambición política exacerbada serían los chicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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