Monopólica

Mientras que la autoridad de Alberto se diluye, en su regreso a la liza mediática, Jorge Asís afirmó que los grandes medios están organizando un golpe de estado contra un presidente que debe estar considerando diariamente por qué razón aceptó su candidatura, si conocía de sobra a los bueyes con los que ara, al punto que durante años se convirtió en un opositor radicalizado de la que es hoy su vicepresidenta.

¿Cristina gobierna? Esa es la pregunta del millón. Para algunos es una verdad que no admite dudas. Para otros, va en camino de serlo. Nadie, en su sano juicio, considera que Alberto Fernández ejerza su autoridad con los atributos característicos de un sistema presidencialista. Es -y siempre lo ha sido- un administrador, un componedor. Jamás un líder.

Aprovechando la debilidad y la escasa resistencia de quien lo eligió precisamente por esas características, Cristina suma y sigue incrementando su control sobre el aparato estatal argentino. Este jueves el Senado Nacional convalidó un nuevo avance, al aprobar una norma que dispone que los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia deban ser elegidos por el gobierno nacional, con el aval de la cámara alta. ¿Alguien duda de quién será el dedo que los seleccione?

El Senado Nacional dio media sanción a una modificatoria de la ley de Defensa de la Competencia, que fue aprobada durante la gestión de Mauricio Macri. La corrección permitirá incrementar el poder del gobierno en la Autoridad Nacional de la Competencia, encargada de instrumentar la  aplicación de medidas antimonopólicas.

El proyecto fue votado en contra por los senadores de Juntos por el Cambio, y ahora debe aguardar su ratificación por parte de la Cámara de Diputados. En caso de tener sanción definitiva,  la Autoridad Nacional de la Competencia dependerá de la secretaría de Comercio Interior y sus miembros dejarán de ser designados a través de un concurso público de oposición y antecedentes. El encargado de postular a los candidatos será ahora el ministerio de Desarrollo Productivo, con el Senado como cámara convalidatoria.

Estos funcionarios se desempeñarán bajo el control de una comisión integrada "por los presidentes de las comisiones de Defensa del Consumidor y de Industria de ambas cámaras del Congreso". Esta comisión deberá emitir un dictamen no vinculante, que permitirá su remoción por parte del gobierno nacional.

Por su parte, el Tribunal de Defensa de la Competencia, encargado de tramitar las denuncias de prácticas monopólicas, estará compuesto por cinco integrantes, dos economistas y dos abogados, y tendrá como competencia la certificación de investigaciones de mercado, pero ya no podrá extender permisos para la realización de contratos, convenios o arreglos. 

Ante las críticas de la oposición, el jefe del Bloque del Frente de Todos, José Mayans, afirmó: "Lo que estamos tratando es de modificar la autoridad de aplicación, porque se creó hace dos años y no funciona. Y queremos que funcione”, enfatizó.

El proyecto que acaba de obtener media sanción fue presentado el año pasado por la senadora correntina Ana Almirón –del riñón cristinista-, aunque fue postergado su tratamiento, por presiones de la UIA.

La autora afirmó que "el Tribunal debe actuar con total independencia a la hora de tomar sus decisiones, pero no podemos separar esa interrelación que debe tener el estado, que en todas las legislaciones del mundo es el que marca la política con respecto a la competencia". Y aceptó que incorporó tres modificaciones a sugerencia de Oscar Parrilli: que ningún miembro del Tribunal podría haberse asociado a consultoras o estudios relacionados con empresas controladas;  que la duración en el cargo será de cuatro años y no cinco, para equipararla al mandato de un gobierno; y que las acciones no podrán ser secretas. 

Justamente Parrilli denunció que "habían convertido la ley en una gran máscara para defender intereses monopólicos".

Aunque no figure en el texto de la ley modificada, se conversó sobre la posibilidad de que la sede del organismo no esté ubicada en Buenos Aires. Además la Autoridad Nacional de Competencia deberá presentar un informe anual al Congreso Nacional. También se eliminará el programa de "clemencia", que permitía reducir o eliminar las sanciones aplicadas a las empresas que realizaran prácticas monopólicas.

Paradójicamente la ley que se pretende reformar fue presentada por “Lilita” Carrió al comienzo de la gestión de Mauricio Macri, y el capítulo referido a la “clemencia” fue incorporado por el entonces al inicio del gobierno de Cambiemos: fue sumado por el ex coordinador de Gabinete, Mario Quintana, que oficiaba como intermediario entre ambos.

Uno de los que se mostró más afectado por la reforma de la norma fue el senador radical Martín Lousteau, quien recordó que la ley "fue aprobada por el 70 por ciento de los senadores; muchos de los que ahora la van a modificar". 

"Al gobierno de turno le vamos a dar un enorme poder para que construya relaciones y, si ya tiene relaciones con grandes empresas, para que pueda tener una gran discrecionalidad en lugar de ser un órgano autárquico y descentralizado”, puntualizó Lousteau, en lo que muchos interpretaron como una encarnizada defensa de los monopolios. 

De este modo, mientras Cristina impulsa una modificatoria que es rechazada por la UIA, ya que muchos de sus socios principales podrían verse afectados por el ejercicio habitual de prácticas monopólicas, la oposición pretende convalidar la acción ilegal argumentando que, de este modo, se incrementará el poder de Cristina y del gobierno nacional.

Sin poder es muy difícil controlar e impedir que continúen realizándose esta clase de actividades ilegales. ¿Con poder se las podría poner en caja o simplemente para Cristina es un paso más en su intento de controlar -de manera monopólica, paradójicamente- el aparato estatal?. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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