Denuncian penalmente a Alberto Fernández por el “negociado” de la vacuna rusa

Bajo el patrocinio de la doctora María Hipólita Rodríguez, el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa denunció a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Ginés González García por “negociar” junto con Rusia la compra y distribución de la vacuna Sputnik V, cuyos beneficiarios supuestamente fueron “una sociedad rusa y una empresa argentina”. A la primera la señala como “intermediaria” entre el gobierno ruso y el ministerio de Salud de la Nación, mientras que a la segunda la sindica de “poner en orden” a una convocatoria de acreedores y solicitar a la ANMAT el “registro del producto para su comercialización”, situación que destaca de “irregular” ya que la empresa está en el “paso previo a su quiebra”. 

Asimismo, disparó contra el estado argentino ya que está en condiciones de “comprar las vacunas” y que “no precisa de socios particulares que están en concurso”, lo que calificó de “corrupción”. Por otra parte, agregó: “Aterrorizan a la población en sesenta días, llevan vacunados solo a 300 mil y el resto de las vacunas no están; tampoco hay organizado un control sobre la materia, pero parece que no es urgente la vida de las personas”. En esta línea, indicó que los denunciados merecen “el peor” de los castigos penales y que el magistrado interviniente debe pedirles el juicio político para “lograr la destitución de los imputados”  ya que forman “una organización criminal” que no tienen previsto “la compra de las vacunas con otras marcas”. 

En tanto, cuestionó la inversión destinada para la pandemia desde Casa Rosada: “Se han emitido más de 4 billones de pesos y no se sabe en qué se gastaron, pero logramos menos testeos por la epidemia que en la república de Haití”. De este modo, se refirió a quienes se sometieron a las pruebas de la vacuna rusa: “El gobierno sometió a más de 6 mil voluntarios que se han expuesto, sin saber que mañana vivirían” y, en esta línea, amplió: “Nos quieren obligar a ponernos una vacuna totalmente irregular ya que cuando el médico me receta un remedio, lo acepto, pero leo el prospecto antes de ingerirlo y aquí este gobierno compra vacunas pero las trae sin saber su calidad”.

“Esto es parte de un negociado más que económico, peligroso para muchos de nosotros que no aceptamos que nos ayude un presidente como Putin, que las medidas que solo toma con la oposición es envenenarla”, añadió. En cuanto a las presuntas motivaciones del ejecutivo para implementar la maniobra denunciada, Mussa explicó: “Quieren lograr que se anulen los prontuarios de todos los funcionarios y ex funcionarios cuando en realidad las causas son justas por las cuales fueron presos, procesados y en proceso para definir el latrocinio que cometieron porque destruyeron el país”.

En este sentido, también les atribuyó fines electorales: “Retardan la aplicación de las vacunas prometidas por el presidente de la Nación que en diciembre pasado habríamos recibido 4 millones de dosis, llegaron casi 400 mil; con el gasto que hacen son más barato las vacunas que el flete en aviones especiales para traer las vacunas con el frío adecuado al producto. Las están dilatando tanto porque se puede intuir la intención de mezclar las elecciones con las vacunas, de esta manera pretenden convertir la democracia en una dictadura, extorsionando a la gente con la obtención de la vacuna”. Y continuó: “La Justicia lo debe impedir para controlar que se reciban las vacunas en forma urgente, de cualquier origen”. 

Finalmente, sostuvo que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, practica el “terrorismo de estado a cara descubierta”, bajo el modelo de “Nicolás Maduro” y en forma “violenta contra la gente”. De esta forma, criticó al mandatario formoseño: “Tiene al 70 por ciento de la sociedad cobrando del estado provincial, sus fuerzas de seguridad, y quieren mostrarle a la señora vicepresidenta que se puede aplicar la dictadura en el país”. Y sentenció: “Solicito que se genere un expediente ordenando la inmediata liberación de todos los recluidos en la provincia de Formosa, deben salir por su propio medio, y esto no es confinamiento, es un crimen de lesa humanidad cuando en la República Argentina hay hoy estado de derecho”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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