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11 de febrero de 2021 | Interior

Lo primero es la familia

Salta: Otro increíble robo a la comunidad wichi por parte de la UCR - JxC

Una concejala salteña robaba y comercializaba donaciones a los wichís en complicidad con su hermana, que se desempeña como defensora oficial.

Las noticias procedentes de Salta generalmente invitan a asociar a la provincia con el neorealismo italiano o el Decamerón de Boccaccio. La grosería, la corrupción y el destrato de los más débiles no sorprenden a nadie. Lo increíble es que los delitos amparados en la matriz institucional se repitan sin que a nadie parezca preocuparle. Salta es una sociedad estructurada sobre la corrupción.

Los wichis, comunidades originarias residentes en la provincia, reiteradamente son noticia por los flagelos y saqueos de los que son objeto. Esta vez la victimaria fue la concejala de la UCR - Juntos por el Cambio de Tartagal, Paola Alejandra Díaz, quien se dedicaba a la lucrativa tarea de apropiarse y acopiar ayuda solidaria destinada a esas comunidades.

Para la concejala de la UCR - JxC lo primero es la familia. Por lo menos al momento de hacer sus negocios clandestinos. Por esta razón en la asociación ilícita incluyó también a una de sus hermanas, Rosa Fabiola Díaz, que se desempeña nada menos que como defensora oficial. Ambas fueron denunciadas por desvío de donaciones y comercialización por una tercera hermana, Sandra Díaz, espantada por la situación o, tal vez, por no haber sido incluida en el redituable emprendimiento.

Las mercaderías de las que se apropiaban las hermanas Díaz formaban parte del stock destinado a las comunidades originarias wichis de la provincia por la emergencia socio-sanitaria declarada a inicios de 2020.

La denunciante, Sandra Díaz, denunció en una entrevista el proceder delictivo de sus hermanas, y aseguró que, en lugar de repartirlas, las vendían en ferias -en particular, bolsones de ropa- y que una parte de las mismas era acopiada para ser repartida en una futura campaña a diputada provincial. "Quería lucrar con las mercaderías para un beneficio propio”, sentenció.

La concejala radical intentó desmentir la denuncia, asegurando que no vendió nada y que sólo guardaba en una casa la mercadería que debía ser entregada a las comunidades wichi. Se nota que las guardó muy bien y durante casi un año.

Al registrar el lugar, las fuerzas de seguridad secuestraron ropa, zapatillas, agua y otros elementos y diversos productos destinados a la ayuda social. Inmediatamente se dispuso entonces un sumario a la defensora oficial Fabiola Díaz.

Luego de que se conociera la noticia de la causa que es investigada por el fiscal Interino Penal Nro. 1 de Tartagal, Rafael Medina, alrededor de setenta miembros de la comunidad wichi se trasladaron hacia esa localidad para exigir la inmediata entrega de la ayuda solidaria que las funcionarias acopiaban en su vivienda de Villa Saavedra.

Muy poco, como puede apreciarse, de la transparencia y moralidad en el desempeño de la gestión pública que habitualmente reclaman la UCR y Juntos por el Cambio. Tanto el partido como la coalición han mantenido un incómodo silencio sobre este tema. ¿Seguirán mirando para otro lado?. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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