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Nacionales
Se solicitó investigarlo por la posible comisión de varios delitos, entre ellos el incumplimiento de deberes de funcionario público, violación a la ética pública y tráfico de influencias. La causa quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
En las últimas horas, una inusual denuncia arribó al despacho de juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. Bajo el número de causa CFP 521/2021, se denunció al presidente Alberto Fernández y a otros funcionarios del ejecutivo nacional, por la posible comisión de los delitos de terrorismo de estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, violación de la ética pública, violación del artículo 109 de la constitución nacional, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias, encubrimiento y asociación ilícita.
En efecto, el texto de la denuncia indica que “el presidente está violando brutalmente la constitución” y solicita sanciones ejemplares para el ejecutivo nacional en relación a la causa de las vacunas VIP. Además, solicitó que se investigue su posible entrometimiento en la causa judicial por la que se condenó a doce años de prisión por lavado de dinero al empresario Lázaro Báez, por la causa de la ruta del dinero K.
Como se recordará, el presidente anticipó que “pueden pasar años hasta que se confirmen las sanciones que impuso el tribunal”, asegurando que todavía Báez tenía otras batallas judiciales que librar.
En consecuencia, se pidió una ampliación de la denuncia, la posibilidad de constituir como querellante al denunciante Juan Ricardo Mussa y que se dispongan las medidas de prueba pertinente para investigar los hechos denunciados y a los presuntos involucrados.
Alberto Fernández suma así un nuevo conflicto a lo que podría ser el momento más atribulado de su gestión. Denuncias penales, dudas acerca de la administración de la política de vacunación nacional y el encarcelamiento de viejos socios políticos, encendieron la señal de alarma en la Casa Rosada. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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