Se desató una batalla judicial entre el gobierno y ex funcionarios macristas

La política en la teoría es el conjunto de actividades asociadas a la toma de decisiones que giran en torno a las relaciones de poder. Y en ese poder, muchas veces, se esconde una sed de venganza que se cristaliza en turnos, a medida que cada dirigente tiene el protagonismo en sus manos.

Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia en diciembre de 2015, dio luz verde a una verdadera persecución legal que, en pocos meses, llevó a la cárcel a más de treinta funcionarios kirchneristas. Desde algunos de primera línea, como Ricardo Jaime, Julio De Vido o Amado Boudou a otros periféricos, como José López o el propio Juan Pablo “Pata” Medina. La madre de todas las batallas, arrastrar a la cárcel a Cristina Fernández de Kirchner, no pudo concretarse a pesar de las decenas de intentos y las causas que aún se acumulan en distintos juzgados del país.

La llegada de Alberto Fernández, un jugador más “tibio” y menos decidido, un hombre acostumbrado a amoldarse a las circunstancias, prometió un periodo de paz judicial. Sin embargo, la influencia de su vicepresidente sin dudas tenía un peso en el endeble mandatario, que nunca supo crear su marca registrada en el sillón de Rivadavia. Finalmente, cedió ante la presión. El discurso de apertura del Congreso en las últimas horas fue, sin dudas, uno de tinte “cristinista”, combativo, contradictorio y algo más dispuesto a llevar adelante una política algo más dura.

En consecuencia, hace tan sólo algunas horas tomó la decisión de llevar adelante una “vendetta” judicial que buscará identificar a los autores y partícipes del endeudamiento asumido por el gobierno de Macri, que se elevó a unos 55 mil millones de dólares. El presidente soltó la correa de su perro Dylan y lanzó una frase que promete nuevas batallas: “Fue la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”, aseguró.

De este modo, instrumentó a sus asesores legales para que impulsen una querella criminal para detectar y procesar a todos aquellos funcionarios que hayan participado de la toma de deuda llevada adelante en el último período de la gestión de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo", vociferó con un tono de voz que en boca resulta tan ajeno como atemporal.

Así, el Banco Central ya elevó a la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) toda la documentación vinculada al acuerdo entre el FMI y el gobierno argentino. La primera etapa consistirá en evaluar el perjuicio real perpetrado contra el estado, mientras que la segunda será la de perseguir, procesar y encarcelar a los involucrados en el proceso.

La movida promete ofrecer numerosas aristas. Desde una cinematográfica venganza judicial, prometida por el kirchnerismo desde el 2016 en adelante, a una conveniente distracción para la comidilla de los medios de comunicación, en momentos en los que la economía nacional se derrumba, la pandemia continúa haciendo estragos y la expectativa inflacionaria, que el gobierno prometió hacerla oscilar entre los 29 y los 31 puntos, parece cada día más una infantil quimera, otro sueño roto que los argentinos deberán pagar. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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