La Procuración bonaerense gastará 100 millones de más en cartuchos para impresoras

A través del proceso de compra 2-0047-LPU21, la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Julio Conte Grand, llevará adelante una licitación pública que despertó la indignación de numerosas pymes y empresas argentinas, que denunciaron un oscuro negociado que beneficiaría a los importadores por sobre la producción nacional.

Se trata de la compra de insumos para impresoras láser existentes en el ministerio Público bonaerense. En total, serán algo más de 7 mil cartuchos para utilizar en máquinas Hewlett Packard, distribuidos en tres modelos distintos.

En una polémica maniobra que raya la corrupción, las autoridades de la Procuración exigieron que se provean cartuchos originales, avalando un negociado de grandes proporciones que quedará en manos de los importadores. “Al exigir originales, lo cual no es legal dado que no se puede elegir una marca en un proceso licitatorio, le abren el juego a importadores que compran el producto del exterior y el dinero se fuga del país”, aseguraron las pymes denunciantes.

Por otro lado, la compulsa viola las leyes medioambientales que buscan lidiar con los cartuchos vacíos, uno de los elementos más contaminantes que existen. En efecto, es necesario incluir en el pliego la llamada “disposición final”, que implica que la empresa que provee los tóner luego de ser utilizados los retire, los lleve a una planta especializada y los vitrifique, con el objetivo de que no contaminen el medio ambiente. “El problema es que los certificados del OPDS para llevar adelante la vitrificación los tenemos las pymes argentinas. Los importadores sólo entregan el producto y se desentienden de todo lo que ocurre después”, explicó un empresario nacional.

Desde hace ya varias décadas, un sinnúmero de empresas argentinas se encuentran produciendo estos productos. Los mismos se encuentran avalados en su calidad por el INTI y además ofrecen el servicio de la disposición final, entregando al final del trabajo un certificado que avala que los cartuchos fueron vitrificados y ya no contaminan. “No es sólo esto, sino que además nosotros creamos empleo, mano de obra argentina, pagamos impuestos y contribuimos con el país. Un importador no hace nada de eso”, agregó.

La movida de Conte Grand implica un gasto extra que supera los 130 millones de pesos. “Esta es una licitación de 162 millones de pesos, que una empresa argentina la puede llevar adelante por 30 o 35 millones, lo que implica que la Procuración, que se encuentra trabajando para una provincia fundida, se va a dar el lujo de gastar más de 100 millones de pesos de más para favorecer el negociado de unos pocos”, explicaron los empresarios argentinos.

Por otro lado, mientras la mayor parte de los importadores sólo entregan el producto y se desentienden de los mismos, las empresas argentinas proveen una garantía sobre el producto y otra sobre las impresoras que utilicen los mismos, asegurando así la calidad del servicio.

Finalmente, vale destacar que la iniciativa va diametralmente en contra de la propuesta del presidente Alberto Fernández, quien aseguró que se buscaría privilegiar a la industria nacional para generar nuevos empleos. El proceso de compra promete costar mucho más que los 130 millones de sobreprecio que se propone gastar Julio Conte Grand. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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