Durante el juicio por lavado a CFK, el procurador mantuvo llamativas reuniones con Macri y Bullrich

Desde comienzos de 2008, se fueron acumulando sobre los mostradores de la Justicia federal denuncias sobre asociación ilícita y lavado de activos en contra de Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner. Con la llegada de la investigación periodística conocida como “La ruta del dinero K”, presentada por el periodista Jorge Lanata en su programa Periodismo para Todos, la polémica se hizo masiva y ya no hubo cómo detenerla.

En total fueron dos causas judiciales de grandes proporciones, que se cursaron en el juzgado Federal Criminal Nro. 7 y el Tribunal Oral Federal Nro. 4. La primera, sobre el delito de lavado de activos, tuvo como protagonistas a las firmas Austral Construcciones, Top Air SA, OACI SA y Real Estate Invesment Fiduciaria SA, junto al propio Báez, sus hijos Martín Antonio y Leandro Antonio, a Fabián Rossi, Leonardo Fariña, Federico Elaskar y otra docena de imputados, entre los que se encontraban varios funcionarios nacionales.

La segunda, que investigó el delito de direccionamiento de obras viales a favor de Austral Construcciones, Del Curto Construcciones, Gotti y Loscalzo, Kank y Costilla y Sucesión de Adelmo Biancalani, todas compañías de Báez, comprobó que más del 80 por ciento de las obras viales de San Cruz fueron adjudicadas por parte del estado a éstas empresas. La maniobra involucró a Cristina Fernández de Kirchner y a otros agentes de su administración, quienes fueron imputados por asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Con la llegada de Mauricio Macri al poder, el proceso judicial contra los involucrados en “La ruta del dinero K” se aceleró notablemente, llegando incluso a varias detenciones. En aquel entonces, numerosos ex funcionarios kirchneristas aseguraron que el ejecutivo nacional de Cambiemos estaba influenciando a la Justicia a actuar con mayor énfasis del debido. En las últimas jornadas, y a pesar de que el propio Macri aseguró ser un abanderado de la división de poderes, una investigación de REALPOLITIK deja en evidencia que, lejos de dividida e independiente, la Justicia reportaba con asiduidad a la Casa Rosada.

En efecto, los registros de visitas de la Casa Rosada muestran que el día 12 de noviembre de 2018, el procurador General de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, concurrió a una reunión a la secretaría Legal y Técnica de Pablo Clusellas. Ingresó a las 11.20 de la mañana y se retiró tres horas después, a las 15.45 de la tarde. Ese mismo día, a las 19.00, ingresó al ministerio de Seguridad de la Nación, donde tuvo una reunión con la ministra Patricia Bullrich.

La reunión entre el procurador General y la ministra Bullrich, según figura las bases de datos, fue solicitada por el propio Casal y participaron de la misma el secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales, Pablo Noceti, y el subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Guillermo Soares Gache. Acorde a los datos del documento, el motivo de la cita fue una “reunión de trabajo”.

Noceti cumplía funciones de inteligencia interior, por lo que tanto la Policía Federal Argentina como Gendarmería y Prefectura Naval le reportaban a él. Incluso, Noceti quien dirigió el operativo represivo contra la comunidad mapuche que terminó con la muerte de Santiago Maldonado. Poco después sería denunciado por obstrucción a la Justicia.

En este sentido, llama poderosamente la atención la presencia de Noceti en una reunión entre el procurador Casal y la ministra Bullrich. Máxime, teniendo en cuenta que poco tiempo después se acusaría a Noceti de liderar un equipo de inteligencia que, con efectivos de las fuerzas de seguridad y la AFI, investigaba hechos de corrupción durante el gobierno kirchnerista. Por otra parte, fuentes allegadas a la gestión del ingeniero Macri aseguraron que el procurador General de la Nación asesoraba jurídicamente a los funcionarios del gobierno, con respecto a cómo continuar en la avanzada judicial sobre la ex presidente Cristina Kirchner.

La influencia decisiva del poder ejecutivo sobre la Justicia se cristalizó pocas horas después, el 13 de noviembre de 2018, cuando el gobierno obtuvo el respaldo necesario para apelar la falta de mérito de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de lavado, que había sido dictada a través de un fallo del juez Sebastián Casanello, quien había entendido que no había elementos para procesar a la ex presidente.

La notable coincidencia de las reuniones con la apelación del gobierno nacional muestra a las claras una coordinación entre el poder ejecutivo y judicial para la utilización de medios estatales en la investigación e influencia, con el auxilio de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Investigaciones Fiscales (UIF), sobre la esfera judicial. La independencia de los poderes durante la era macrista pareciera haber sido, en definitiva, más una cuestión de fe enunciativa que una realidad concreta. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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