Una jueza encubrió al grupo Vila - Manzano archivando un amparo contra la pedofilia

Contra todos los derechos del niño, la jueza federal mendocina Olga Pura Arrabal falló a favor de una red de pedófilos, en una resolución sin precedentes en la historia del país. Lejos de evaluar su decisión teniendo en cuenta los 2 billones de sitios pornográficos encontrados en la pericia informática, archivó la primera acción de amparo.

De esta manera, la jueza de la pedofilia encubrió al grupo Vila - Manzano, específicamente a una de sus empresas (Arllinq) proveedora de internet en la provincia cuyana y, por lo tanto, facilitadora de los sitios pornográficos y de la corrupción de menores. Vale aclarar que la magistrada no solo no resolvió bloquear alguna de estas webs, sino que consecuentemente posibilitó que se expandiera la red de pedofilia.

Sin embargo, no es la primera vez que sucede esta complicidad entre la Justicia mendocina y las altas esferas del poder vinculado a estos temas. Ya en el 2007, el querellante particular Sergio Parodi y la doctora Claudia Vélez hicieron una presentación judicial contra la compañía global Google por corrupción de menores, aunque por acción u omisión el expediente continúa cajoneado.

En este caso, el procurador general de la Corte de la provincia de Mendoza, Alejandro Gullé, es señalado como el principal responsable de frenar la denuncia penal contra la “corrupción globalizada de niños, niñas, adolescentes y mujeres”. Cabe destacar que el letrado es íntimo amigo del diputado nacional por la UCR y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien es apuntado por los denunciantes tras haber ignorado el tema durante su gestión.

Al respecto, en los últimos días el senador mendocino Hugo Bonarrico confirmó que desapareció un proyecto de ley contra la pedofilia en el territorio cuyano, pero luego de hacer pública esta grave acusación terminó apareciendo el expediente bajo una resolución de archivo. A todo este panorama, se le suma que los “pornocanales” de Direct TV violan el decreto nacional 936 del 2011, que prohíbe el comercio sexual a través de los medios masivos de comunicación en la Argentina, del cual no hay registro si hay o no menores involucrados. Evidentemente, inoperancia, cobardía o corrupción son las condiciones que operan para seguir dilatando estos procesos en la Justicia. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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