La pornográfica Justicia argentina

La más resonante de sus visitas fue la que realizó el 31 de octubre de 2017. Dos días después, el 2 de noviembre, la Cámara Federal de Casación confirmó el procesamiento de la ex presidenta por beneficiar a Lázaro Báez.   

Los registros oficiales certifican que otros miembros relevantes del poder judicial hacían lo propio, Dos son los que aparecieron en las últimas horas: el juez Mariano Borinsky, integrante de la Cámara de Casación Penal, el fiscal Raúl Pleé.

Borinsky realizó al menos quince visitas certificadas a la Quinta de Olivos durante la gestión Macri, lo cual significa una gravísima conducta atento a la división de poderes que impera en cualquier sistema republicano.

En el caso de este juez, la vinculación con el lawfare resulta indisimulable, ya que fue el encargado de decidir la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman –conocida como la "ruta del dinero K"-, la causa sobre dólar futuro, la causa de la obra pública de Vialidad en Santa Cruz y la causa Ciccone contra Amado Boudou.

Al ser consultado sobre estas acciones que implican una gravísimo accionar que desmiente los fundamentos del sistema republicano definido por nuestra constitución nacional, Borinsky respondió en tono de burla: “Lo visitaba para jugar al paddle".

Leopoldo Lugones, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, lo interpreta de un modo muy diferente. De acuerdo con las normas vigentes en nuestro país, la conducta de Borinsky es "causal de juicio político"

Lugones agregó que, en situaciones de estas características, "los jueces deben excusarse y manifestar la situación". "Más temprano que tarde el tema va a llegar al Consejo de la Magistratura”, agregó. Para concluir: “Es algo matemático. Si soy amigo o enemigo de alguien y plantear que hay motivos para excusarme".

El otro visitante fue el fiscal Raúl Pleé, el preferido de Mauricio Macri para reemplazar a Alejandra Gills Carbó en la procuración General en lugar de Alejandra Gils Carbó. Pleé mantuvo una reunión con el ex presidente en la Quinta de Olivos el 23 de marzo de 2018. Y no fue solo. Lo acompañó nada menos que el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, cuya situación ante la justicia es actualmente muy comprometida.

La toma de estado público de estas “visitas” de miembros conspicuos del poder judicial a Mauricio Macri en los momentos de toma de decisión de causas o designaciones trascendentales en el ámbito judicial causaron un gran impacto en el tablero político, ya que implican la confirmación de la existencia del lawfare durante el gobierno de Cambiemos.

Pero no se trata únicamente de tiempo pasado, ya que Borinsky y Hornos continúan al frente de causas que involucran a Mauricio Macri y Cristina Fernández. La amistad que ahora reconoce Borinsky con el ex presidente exigen su separación inmediata del trámite de esos expedientes. Pero más aún: su ocultamiento de ese vínculo razonablemente exigiría la anulación de los procesos judiciales en que participó -al igual que en el caso de Hoyos- y el inmediato trámite de los juicios políticos respectivos.

Al menos, eso es lo que sucedería en cualquier república que se precie de tal y se respete el equilibrio y la autonomía de los poderes, y la imparcialidad de la Justicia. Pero, tratándose de la Argentina, cualquier certeza o pretensión de funcionamiento transparente de las instituciones –y sobre todo del poder judicial- queda sujeta a dudas y objeciones fundadas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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