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6 de abril de 2021 | Interior

Que siga la fiesta

COVID-19: La Justicia salteña y un fallo que parece una burla

Kevin Benavides se consagró campeón del Rally Dakar Arabia Saudita 2021 en la categoría de motos y decidió celebrarlo organizando una espectacular fiesta clandestina en la tarde - noche del 23 de enero pasado.

Pese a que el fiscal contravencional Gustavo Vilar Rey le inició una causa por infligir el artículo 10 de la ley 8206/20 COVID, la Justicia salteña se acaba de expedir con un fallo que más bien parece una burla en el marco de la segunda ola, aceptando el pago voluntario de una multa de 200 mil a los coorganizadores.

Este lunes 5 de abril se celebró una audiencia en la cual el fiscal Vilar Rey además imputó a Ernesto Javier Miraglio, Jesús David Battaglia Leiva y Ricardo Valentín Sanz, por las infracciones a la citada ley, en calidad de coautores. En tanto que, Kevin Benavides, el organizador y autohomenajeado -quien se encuentra en el exterior- recibió la notificación sobre la realización de su propia audiencia, que tendrá lugar el lunes 19 de abril.

Mediante un pago voluntario de 200 mil, Benavides asumió la responsabilidad por el resto de los acusados, que quedaron así libres de culpa y cargo. El monto máximo que puede aplicarse a cada persona según la normativa aprobada en la provincia de Salta es de 43 mil pesos.

La fiesta clandestina tuvo lugar el 23 de enero en las cercanías de la ruta 9, sobre el acceso a la ciudad de Salta. La Unidad Especial de Investigaciones del ministerio Público Fiscal tomó conocimiento de la misma a través de publicaciones periodísticas, ya que, pese a las denuncias de los vecinos, las fuerzas de seguridad se desentendieron del tema y no desplegaron ninguna clase de operativo.

La celebración se realizó en una propiedad de la familia Benavides y contó con personal de seguridad que inutilizó las cámaras de los participantes tapándolas con cinta para impedir filmaciones y fotografías.

El festejo incluyó buffet y barra, luces, sonido y varios shows musicales, en un espacio cerrado, sin respeto alguno por las disposiciones de la ley COVID ni por los cuidados más elementales de uso de barbijo y distanciamiento social.

De la investigación respectiva surge que la familia Benavides contrató a la empresa "Espacio Pinar Eventos" para el montaje de tres carpas en el lugar. La empresa Kokomo, propiedad de Ernesto Javier Miraglio, se encargó del buffet. El sonido estuvo a cargo de Ricardo Valentín Sanz.

El evento violó todas las medidas dispuestas por el Comité Operativo de Emergencia de Salta, que sólo autorizaba las reuniones familiares y sociales de hasta veinte personas en los domicilios particulares. La División Operaciones Policiales informó que el evento no contaba con autorización alguna para su realización, ni tampoco con las habilitaciones de bomberos ni la contratación del servicio adicional de policía para la seguridad de los invitados que son requeridas para estos mega eventos en tiempos normales. En situación de pandemia, la gravedad del delito excede los límites de la racionalidad.

Una vez celebrada la audiencia de imputación, el fiscal contravencional Gustavo Vilar Rey anticipó que, tras el pago voluntario de Benavides, solicitará el sobreseimiento de los acusados, ya que las disposiciones vigentes permiten hacer el descargo y pagar voluntariamente una multa.

Lo más grave del caso es que, según la normativa aprobada en Salta, los pagos se realizan en una cuenta dispuesta para tal fin por la policía de la provincia. Eso implica que la policía no se preocupa por impedir la realización de eventos clandestinos que son focos de contagio masivo, ya que el inicio posterior de una causa permite que las multas engrosen las arcas de la institución.

Este martes la Argentina experimentó un récord de contagios de COVID con 20.870 casos positivos. Más allá de las declaraciones oficiales, los poderes públicos salteños siguen promoviendo que siga la fiesta. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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