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18 de abril de 2021 | Interior

Negligencia en Tucumán

La muerte de un operario de la construcción pone bajo la lupa al gobernador Manzur

Ambos son acusados como cómplices y “hacer la vista gorda” de la negligencia de la patronal en las obras de construcción de la capital tucumana, muchas de estas sin las medidas de seguridad correspondientes para los trabajadores que ni siquiera están blanqueados. El caso de Enzo Orellana.

Familiares y amigos del operario de la construcción Enzo Orellana (33) continúan visibilizando las condiciones en la que se produjo su deceso, apuntando principalmente contra la constructora Galindo y los empresarios Martín Ruíz y Erik Ruíz por la precarización laboral a la que sometían a sus empleados. En este marco, cabe recordar que Orellana falleció el pasado 12 de marzo luego de caer desde 30 metros de una torre que se desplomó, a la cual fue obligado a subir sin ningún dispositivo de protección. 

De este modo, sus seres queridos siguen pidiendo justicia por él y también señalan como responsables al intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, y al gobernador de la provincia, Juan Luis Manzur. Ambos son sindicados por permitir que los empresarios de la construcción desarrollen sus obras con la gran mayoría del personal en negro y en condiciones indignas, que no contemplan las medidas de seguridad adecuadas pero que, lamentablemente, son aceptadas por los trabajadores ante la necesidad económica que los apremia.

Por otra parte, vale destacar que durante la gestión del ex jefe comunal en la capital tucumana y actualmente diputado nacional, Domingo Amaya, fue derogada la ordenanza 4242/10 y, de esta manera, se permitieron todas estas irregularidades señaladas. La norma regulaba las autorizaciones para comenzar una obra privada y, una vez que quedó sin efecto, se construyeron edificios sin documentación fehaciente que demuestre la legalidad de las empresas constructoras, como es el caso de la empresa constructora Galindo que no estaba inscripta como tal ni tenía a Orellana trabajando como empleado registrado. 

Además, entre las disposiciones de la ordenanza derogada, la dirección de Catastro y Edificación de la comuna contaba con la potestad de llevar un registro de las empresas constructoras que desarrollen su actividad en San Miguel. En tanto, más allá de la documentación impositiva exigida, también era obligatorio el nombre de la compañía del seguro de vida por parte del empleador, según el decreto N° 1.567/74. Evidentemente, sin todos estos requisitos demandados, la muerte de Orellana no fue un accidente sino una impericia entre las autoridades de turno y los empresarios constructores (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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