Expectativa por las medidas que anunciará el gobierno para la próxima etapa de la pandemia

El problema es que la relación de fuerzas que tiene el gobierno le impide extremar las restricciones -tal como exige la provincia de Buenos Aires- y la crítica situación económica desaconseja una limitación mayor de las actividades. En esta compleja situación, el gobierno nacional ha intentado compartir la responsabilidad de las decisiones que adopte con los gobernadores, quienes, en definitiva, serán los encargados de hacerlas cumplir. Y si bien desde los últimos anuncios los números se mantuvieron relativamente estables, la meseta -según explicó gráficamente el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán- se encuentra ubicada “en la cima del Aconcagua”.  

Hay manifiesto temor sobre los que podría suceder en las próximas semanas, con las unidades de terapia intensiva al borde del colapso y la llegada de temperaturas más frías. La mayoría acepta que debería implementarse un esquema de clases virtuales durante las próximas tres semanas, pero nadie está dispuesto a pagar el costo de esa decisión, sobre todos porque varios gobernadores han hecho de la presencialidad su slogan. 

En este sentido, el gobierno parece inclinarse por un esquema de “presencialidad administrada”, dejando la última palabra en manos de los ejecutivos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recomendando una vuelta a las clases presenciales de uno o dos días semanales. En principio, el gobierno de la CABA aceptaría suspender la presencialidad de la educación secundaria durante este lapso, manteniendo la presencialidad en los niveles inicial y primario.

Para los expertos, esta decisión no sería errada pero sí inconveniente en esta etapa de la pandemia. Pero los tiempos de la política no son los mismos que los de la salud. Por lo tanto, “el arte de lo posible” terminaría imponiéndose sobre los consejos de la ciencia.

En los últimos días el gobierno mantuvo reuniones con todos los gobiernos provinciales y de la CABA. Los números están creciendo en todo el país y el botón de alarma que estaba ubicado exclusivamente en el AMBA, ahora se extiende también a un grupo de provincias encabezadas por Santa Fé, Córdoba y Mendoza. 

El gobierno decidió dar marcha atrás y optar por el consenso antes que por la imposición, que tan malos resultados le dio en el caso de los anuncios de quince días atrás. La judicialización del DNU, y la falta de respuestas de la Corte Suprema, exigió cambiar la estrategia para tratar de conseguir la aplicación de las restricciones a lo largo del territorio nacional. 

El acuerdo del gobierno con los ejecutivos provinciales está basado en la convicción común sobre la necesidad de restringir la circulación, y en esto coincidió incluso el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que avanzarán de manera conjunta con la Nación “de acuerdo con todo lo que podamos hacer para restringir la movilidad".

El Presidente envió un claro mensaje a los gobernadores: “si estamos de acuerdo en restringir circulación, me tienen que acompañar en el cumplimiento de las normas".

Según informaron extraoficialmente en la Casa Rosada, el nuevo DNU con las nuevas medidas sería anunciado el viernes y tendría una vigencia de quince días. Sería comunicado exclusivamente por el presidente, y apuntaría a la reducción en la circulación y la aglomeración de personas en los ámbitos recreativos y comerciales.

En cuanto a los horarios de restricciones, se estudia extenderlo 2 horas teniendo vigencia de las 18 las a 6 hs, para evitar las reuniones sociales. Esto se complementaría con un control más estricto de la circulación de vehículos en los accesos a la CABA, limitando considerablemente su número durante los horarios restringidos.

En cuanto al comercio, el gobierno nacional y el de la PBA se inclinan por un cierre prácticamente total durante 15 días, mientras que el gobierno de la CABA se inclina por mantenerlos abiertos, sin atención al público puertas adentro. Los shoppigns, en tanto, cerrarían durante las próximas dos semanas.

También el gobierno suspendería las actividades de la construcción durante dos semanas, y se mantendrían abiertas las fábricas, siempre y cuando el traslado de los trabajadores esté a cargo de la empresa o de los mismos trabajadores.

En cuanto a la actividad de los gimnasios, se la habilitaría siempre y cuando no funcionen con las puertas cerradas y limitando la presencia con cupos estrictos. 
Las actividades profesionales y administrativas que no requieran presencialidad se realizarían a través del homeoffice.

En síntesis, estos serían los fundamentos del consenso sobre el que se realizarían los nuevos anuncios. Pero todo está sujeto a revisión a partir de los indicadores de contagios, decesos y disponibilidad de unidades de terapia intensiva que se conozcan en las próximas horas. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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