La batalla de Caseros y el nuevo armado institucional

Los meses transcurridos desde la batalla de Caseros, en febrero de 1852, habían servido para demostrar a las elites porteñas que el proyecto político del caudillo entrerriano iba mucho más allá de la deposición de su antiguo aliado. Cada vez se evidenciaba con más claridad que Urquiza apostaba a construir un nuevo armado político en torno a su fuerza militar, utilizando en beneficio propio los resortes que habían posibilitado la construcción de la hegemonía de Buenos Aires en las décadas precedentes. Fue por esa razón que se apoderó de la aduana porteña y utilizó sus recursos para solidificar sus alianzas a lo largo del territorio nacional, designando como gobernador porteño a Vicente López y Planes, de edad avanzada y propenso a la subordinación.

Urquiza convocó a Alberdi, Vicente Fidel López y Juan María Gutiérrez, miembros fundadores de la generación del 37, y a intelectuales como Mariano Fragueiro. Sarmiento quedó a un lado: Urquiza desconfiaba de su ambición.

Alberdi dedicó a Urquiza el texto “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, que habría de constituirse en guía y paradigma del proyecto oligárquico nacional hasta nuestros días. Allí recomendaba el exterminio recíproco del gaucho y del indio; desestimó la educación popular –que daría conciencia de su condición de explotados y de sus derechos a los trabajadores– prefiriendo la enseñanza de prácticas laborales a través de la imitación; asignó el control de las comunicaciones, los servicios y la conducción económica al capital inglés y preservó el derecho a la propiedad latifundista. Si bien Alberdi era contrario al otorgamiento del sufragio universal, como su práctica estaba instalada desde hacía décadas en la sociedad argentina, se limitó a consagrarla al tiempo que recomendaba dificultar su aplicación. De este modo, dispuso la creación de colegios electorales para alejar la designación del presidente y de los senadores del voto directo de las mayorías. En el caso de los senadores, las Legislaturas provinciales se constituirían como colegios electorales, sin necesidad de una nueva votación. Siguiendo el modelo norteamericano, el imperio de la democracia se reducía así a la Cámara de Diputados, elegida por sufragio universal directo. De este modo, los hilos del poder quedaban en manos de la oligarquía.

Las propuestas de Alberdi fueron traducidas al texto constitucional por el Congreso General Constituyente reunido en Santa Fe en 1853. Allí estuvieron presentes las 13 provincias que habían firmado en mayo el Pacto de San Nicolás, con la excepción de Buenos Aires, cuya Legislatura se había negado a refrendarlo, al considerarlo perjudicial para los intereses provinciales.

La Constitución de 1853 estableció la división de poderes, el sistema bicameral y la creación de un Poder Judicial encabezado por la Corte Suprema. En tanto, los jueces serían designados por acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado, excluyendo a la Cámara de Diputados. Quedó así consagrada la estructura oligárquica recomendada por Alberdi. También se consagró la libre navegación de los ríos, la jurisdicción del Estado Nacional sobre la aduana y el establecimiento provisorio de la capital en Paraná, ante la defección de Buenos Aires. Si bien la nueva Constitución asignaba una mayor participación a las provincias que las de 1819 y 1826, la matriz unitaria y centralizadora se reiteraba.

Disconformes con la sanción del nuevo orden institucional, federales, unitarios y liberales porteños se aliaron para conspirar. La rebelión porteña comenzó en la prensa, en el marco de la firma del Pacto de San Nicolás, e incluyó críticas y descalificaciones al “cacique Urquiza y sus trece miserables tribus”, publicadas por Bartolomé Mitre (Los Debates) y Dalmacio Vélez Sarsfield (El Nacional). Tras impugnar los términos del pacto, que eliminaba los tradicionales privilegios de Buenos Aires, ya que todas las provincias designarían dos constituyentes, los liberales porteños organizaron la Logia Juan-Juan, con el fin de asesinar a Urquiza -remedando lo sucedido en 1828, con el asesinato de Dorrego–, aunque sin éxito. El exterminio del enemigo a fin de neutralizarlo se convertiría en una práctica habitual del liberalismo argentino.

El próximo paso sería la rebelión directa. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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