Silencio en Mendoza ante la imputación de un juez federal con competencia electoral

La investigación sostiene que Bento era el jefe de una banda que se dedicaba a cobrarle coimas a presos para que obtengan beneficios. Se cree que ese dinero ilegal luego fue lavado con un incremento notable en su patrimonio personal que no puede explicar pese al importante sueldo que cobra en la Justicia.

La noticia causó impacto en la gobernación mendocina ya que se trata del juez más poderoso que reside en la provincia. Justamente por eso se hizo un silencio absoluto ante la requisitoria periodística. "Hay que dejar que la Justicia federal investigue, es un funcionario judicial", fue la respuesta unánime. 

Según sostiene la acusación, la presunta banda estaría compuesta por otros tres reconocidos abogados mendocinos, conformando asi una asociación ilícita: Alejandro Matías Aramayo, Martín Ríos y Luciano Ortego, familiar del ex presidente Carlos Saúl Menem. También quedó acusada en la causa, la esposa del juez, Isabel Boiza, aunque luego recuperó la libertad.

La investigación contra Bento se inició a partir de la información obtenida en el celular de una persona detenida en una causa por narcotráfico y también su vinculación con el asesinato de Diego Aliaga, un empresario secuestrado y asesinado el año pasado.

La denuncia sostiene el juez federal Walter Bento era el receptor de las coimas para beneficiar a presos. Diego Aliaga gestionaba la operación y los tres abogados realizaban diversas tareas operativas.

El fiscal Dante Vega sostiene que cuando una persona caía detenida por contrabando o narcotráfico, Diego Aliaga entraba en contacto con ellos para ofrecerle la posibilidad de facilitarles la resolución de la causa a cambio de una coima. Al aceptar, el caso era tomado a su cargo por uno de estos tres abogados, quien presentaba un escrito ante el juez Walter Bento, quien disponía la excarcelación o la prisión domiciliaria. Tampoco en la Justicia quisieron emitir opinión sobre este escandaloso caso que estalló en Mendoza. 

El juez Bento llegó a Mendoza en 2005 y alcanzó repercusión en diciembre de 2011, cuando dispuso desde Mendoza la intervención de la empresa Cablevisión de Buenos Aires, a partir de una presentación del Grupo Vila-Manzano, y ordenó un inusual operativo de la Gendarmería. Los abogados de la compañía denunciaron a Bento ante el Consejo de la Magistratura por supuestas “irregularidades” en el trámite de la causa y sus actuaciones fueron desautorizadas por la Corte Suprema. 

A consecuencia de esta causa y otras causas poco claras fue denunciado en el Consejo de la Magistratura, pero sus vínculos políticos con el gobierno nacional le permitieron conseguir que las cuatro denuncias y pedidos de remoción quedaron desestimados ¿Tendrá la misma fortuna en esta oportunidad? (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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