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6 de mayo de 2021 | Opinión

Argentina

Para el abogado, en este país trabajar no es un derecho

Soy abogada laboralista y estoy intentando hace años hacer llegar un plan de trabajo que tuve la suerte de conocer por el curso de magistrados en lo federal para mejorar la administración de Justicia.

por:
Romina Gutierrez Oyarzun

Le he mandado mails a la gobernadora Vidal en su momento, al ministro de Justicia, al Colegio de Abogados de La Plata en más de una ocasión, he intentado repartirlo por los tribunales laborales y nadie me escucha. Algo bastante ambivalente para ser un trabajador de la Justicia.

Soy abogada laboralista, parte actora, especializada en derecho social (UNLP). Ejerciendo la profesión liberal, no llego ni a cubrir el salario mínimo vital y móvil. Me cobran hasta el aire que respiro, la AFIP, el CALP y los gastos diarios y yo no cobro hasta que no cobra el actor, por lo que cobro fácil cada cuatro o cinco años con suerte y, por ser laboral, no puedo cobrar nada antes pero a mí me cobran todo, sumado la conocida diferencia que hay entre un daño a una persona común y a un trabajador, dado que litigar en defensa de los trabajadores es una ardua tarea atento que tenemos la legislación más atrasada y retrograda a nivel mundial.

He pasado por las faltas de respeto de las más variadas por parte de personal de los tribunales y las sigo pasando.

Desde esta bendita pandemia, puedo afirmar que no cobro un honorario desde hace un año y medio, pero a mí me cobran hasta el aire que respiro, sumado a que ejercer la profesión liberal en estas condiciones es más que insalubre y no se valora nada pero absolutamente nada de lo que hacemos, más cuando la queja proviene de un “NN” que no tiene familia judicial ni es famoso o sale en la televisión.

El año 2020 mostró -como nunca antes- todas las falencias del poder judicial, tanto a nivel nacional como provincial.

El sistema virtual no logró ser sustituto de la presencialidad, ni en su implementación, ni en la infraestructura edilicia o tecnológica. Todos los fundamentos positivos de su implementación son mentira y en la realidad no se dan, dado que no solo el sistema anda cuando quiere; al ser distintas las personas que trabajan, uno llega a hacer seis veces un oficio; o mandás escritos y se “olvidan” de hacer lo pedido; querés hablar algo y no te reciben hasta dentro de un mes. Todos los organismos tienen distintos criterios, unos piden que sea el tribunal o juzgado que mande el oficio, otro que uno lo haga, otro que este firmado por uno, otro que lo firme el organismo y así con quinientos criterios distintos que te vuelven loco, cuando antes era imprimir tres copias y ya con el sello del tribunal o juzgado ya estaba. Uno lo llevaba y listo.

El trabajo remoto no se da, porque no trabajan: están tres meses para despacharte un pedido, no están designando audiencias hace dos años, sumado que las que estaban designadas las suspendieron desde marzo de 2020. A ellos los plazos no los corren, a nosotros sí, porque te dan por notificado al llegarte el escrito pero no tienen en cuenta si el sistema horrendo funciona, si te toma o no lo que intentás hacer, si la persona está enferma o no. Atento muchos colegas se han contagiado de COVID y no hay respuesta alguna, todas actividades esenciales para nuestra labor.

Encima no hay seguridad de nada porque en este contexto hasta el poder judicial corre riesgo, desde el momento que la constitución nacional es criticada, todo por no decidir cómo quieren.

Las circunstancias perjudican muy particularmente el trámite de los procesos urgentes, el ejercicio de una defensa penal adecuada, la defensa del crédito de los más vulnerables y la protección al crédito en general, comprometiendo con ello el acceso a la Justicia.

Estos hechos, sumados a la realidad inflacionaria, erosionan los créditos que las sentencias provinciales sujetan a tasas pasivas o puras desnaturalizando la función de mantener incólume el patrimonio del acreedor y violando el derecho de defensa, el derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Yo como abogada laboralista del trabajador veo como una falta de respeto a mi trabajo que una persona me regule luego de cinco años de juicio 2 mil pesos, que no me sirve hoy ni para pagar el agua de mi casa, no poder reclamar en ningún lado por cómo es el procedimiento y que nadie me escuche, no sé si es por ser mujer, joven o abogada del trabajador.

Yo tengo casos de clientes que han quedado minusválidos y no les quieren pagar, gente que ha muerto atento las demoras judiciales, la burocracia de tener que probar las cosas más conocidas y aún así los jueces no lo ven. ¿Por qué? Porque viven en una realidad paralela y cobran un sueldo fijo, hagan o no hagan algo y la gente pasa, es un número, un expediente, nadie ve a la persona detrás de la demanda, a la familia. Pero claro, como soy hija de laburantes nadie me escucha ni presta atención a lo que intento dar a conocer.

Y la gente se cree que uno siendo abogado genera dinero como maquinitas, al ver esos estereotipos que salen en programa impresentables para los principios de un abogado.

Nuestros clientes creen lo mismo, no saben lo que es este nuevo sistema, no saben que todos los organismos públicos están cerrados desde marzo de 2020 y no brinda ninguna atención, no saben que no podemos ni ir a quejarnos, porque antes ante un despacho irrisorio uno iba y veía cara a cara a quién ponía o decidía pavadas, pero ahora no tenemos ni el derecho a quejarnos.

El sistema no funciona o funciona mal, retrocedió miles de pasos porque esta digitalización es una falta de respeto a nuestro trabajo, es un desgaste diario que hace que uno quiera dejar de hacer esto, de tirar todo, porque fue un gasto que no mejoró nada.

El tener que adaptarnos y soportar que no hay un criterio unánime y tener que estar a disposición de la persona que vea lo que uno envía, es una tomada de pelo constante a este que intenta trabajar y defender un derecho.

Desde el momento que la Justicia no es un servicio esencial estamos al horno, pero ellos siguen cobrando aun sin prestar servicios, nos hacen digitalizar demandas y documental enormes en un sistema que te toma 20 megas, por ende estas diez horas escaneando o sacando fotos para que luego no te los deje subir o no te los acepte, y uno explica esto pero nadie lo escucha y es obligación de uno.

Y nadie dice nada. Somos los laburantes que estamos padeciendo no tener un sueldo fijo y, siendo abogada laboral, cobro cada cinco años y por ahí hasta ni puedo pretender lo legalmente dispuesto porque a la que despacha le parece mucho.

Pero nadie escucha o le interesa porque la mayoría nunca ejerció la profesión y siempre estuvo detrás de un mostrador o en un puesto administrativo. Esos son los que dicen que la Justicia funciona, esos son los que nos faltan el respeto. Total el devenir de los años nos afecta a nosotros y a nuestros clientes. He visto gente llorar en los tribunales por los malos tratos recibidos.

Lo que demora las causas no es la gente, sino el hecho tan simple que tienen un salario fijo, hagan o no hagan algo. Y salvo los jueces, secretarios y algún auxiliar letrado, son abogados. Las demás son personas que derivan su puesto por parentesco, amistad o trabajo por años en ese lugar. Abogados pocos. Abogados especialistas ninguno. O se reciben luego de años de trabajar allí para aspirar a un puesto mejor, y puedo dar fe de ello atento trabaje como pasante en un tribunal laboral platense.

Ser abogado laboralista platense y parte actora, es un azar mismo, atento que no solo las regulaciones son mínimas, los tiempos procesales extensos, los criterios cambiantes sino que, como dije arriba, nadie ve a la persona detrás de las demandas, a sus familias y a uno que trabaja, porque eso es lo que intento hacer, trabajar y vivir de mi trabajo.

Y en este país trabajar no es un derecho.

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