Denuncian penalmente al gobierno porteño por la precarización de 25 mil trabajadores

De acuerdo a una denuncia presentada en el juzgado Criminal y Correccional Nro. 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendría un plantel de 25 mil trabajadores precarizados, que utilizaría fundamentalmente para fines políticos, como timbreos, repartir panfletos o participar de las mesas informativas de Juntos por el Cambio en la vía pública.

De acuerdo con la documentación presentada y que actualmente se cursa en la Justicia, este esquema se mantiene desde el año 2004, cuando el por entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, decretó que una importante masa de personas que cumplían funciones en la estructura porteña pasarían a ser “trabajadores eventuales”.

De este modo, dejaron de tener la oportunidad de ingresar a la planta permanente del estado para pasar a ser monotributistas. Con esta figura, tan frágil desde lo contractual, simplificaron las contrataciones sin tener que correr con las responsabilidades de resguardar o brindar seguridad jurídica al trabajador.

“La denuncia busca visibilizar que estos trabajadores precarizados por el gobierno están siendo víctimas de un sinfín de problemas. Son utilizados como 'comodín', rotando cada seis meses, cubriendo puestos en cualquier lugar, llevan adelante tareas de publicidad de la prevención sanitaria, panfleteo y hasta tránsito”, explicó uno de los denunciantes a REALPOLITIK.

La denuncia fue presentada formalmente por Carlos Luis Elías, dirigente gremial de la agrupación Celeste de SUTECBA, asegurando en la misma que el gobierno porteño comete en este entramado los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y evasión, al tener 25 mil trabajadores en situación de precariedad, con el objetivo de explotarlos para fines diversos, especialmente proseletistas.

“Es una estafa a la seguridad social de los trabajadores. Los contratos duran un año, vencen cada 31 de diciembre. Los monotributistas del gobierno porteño tienen que pagar los aportes por adelantado para poder cobrar al mes siguiente, y no tienen antigüedad, vacaciones, aguinaldo, presentismo ni numerosos derechos laborales básicos que les quitaron con el decreto del año 2004”, aseguró Ricardo Gilli, de la misma agrupación, a REALPOLITIK.

“El perjuicio es doble. Para los trabajadores, que llevan adelante su labor en condiciones de precariedad absoluta, y para las arcas públicas del estado, por no recaudar los montos de seguridad social”, indicó Gilli.

En efecto, estaría comprobado que gran parte de estos trabajadores son rotados cada seis meses y utilizados como elementos de campaña durante los años electorales. “Se los manda a las mesas en las vías públicas, a hacer relevamientos, repartir boletas, timbreos e inclusive algunos terminan fiscalizando mesas”, aseguró uno de los denunciantes. “La Justicia no puede estar por encima de la Ley 24.341, que es la ley de Regulación del Trabajo”, sentenció. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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