El primer gobierno de Yrigoyen (1916-1922)

A partir de su asunción, Yrigoyen pretendió impulsar una política de nuevo tipo, de corte nacionalista, a través de la incorporación de los sectores medios y de los hijos de inmigrantes: la “chusma”, según sus opositores. Durante su mandato, se atendieron por primera vez los reclamos de los obreros argentinos. Su política exterior mantuvo la neutralidad y defendió a rajatabla nuestra soberanía, al ordenar el retiro de nuestro representante de la Sociedad de Naciones, al denegarse la propuesta argentina de consagrar la igualdad jurídica entre las naciones, o bien al exhortar a Alemania a pagar reparaciones por los daños causados a nuestro comercio durante la guerra o proponer un plan de unión latinoamericana que excluía a los Estados Unidos, que naufragó debido a la presión norteamericana. En el ámbito cultural, el radical adhirió y respaldó al movimiento por la Reforma Universitaria de 1918. En materia económica, se afirmó la soberanía sobre los recursos del subsuelo a través de la creación de YPF, ya hacia fines de su gestión.

La presidencia de Yrigoyen significó la llegada al gobierno de la fracción mayoritaria de la UCR compuesta por sectores medios que por primera vez pudieron acceder a cargos políticos de relevancia. La burocracia estatal se incrementó significativamente, con el fin de aumentar la presencia en el aparato estatal de los sectores sociales en ascenso, y se asignó un trato más considerado a los sindicatos de obreros criollos, que formaban parte de la base electoral del yrigoyenismo. En tal sentido, se impulsaron algunas leyes obreras, como la jornada laboral de 8 horas, y se asignó al ministerio de Trabajo la función de mediación en los conflictos sindicales que involucrasen a los trabajadores argentinos.

Por el contrario, los inmigrantes no experimentaron mejora alguna en su situación. De hecho, durante la gestión radical se registraron las peores masacres obreras que registra nuestra historia: la denominada Semana Trágica de 1919, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, y la terrible represión y fusilamientos sufridos por los peones rurales en la Patagonia, que sumaron varios miles de asesinatos. Para finales del gobierno del “Peludo” – como le decían al líder radical, por su carácter poco sociable e introvertido–, el anarquismo había colapsado en nuestro país.

Yrigoyen accedió al gobierno en situación de minoría en el Congreso Nacional, compuesto en su mayoría por legisladores designados antes de la aplicación de la Ley Sáenz Peña. En la Cámara de Diputados solo cuarenta y cinco escaños eran ocupados por radicales, mientras la oposición sumaba setenta. La situación no era mejor en el Senado, donde los radicales contaban con cuatro bancas de un total de treinta.

Más allá de esta desventaja en el poder de decisión, mantuvo una actitud antiacuerdista, poco proclive al diálogo y la negociación, no solo con los partidos tradicionales conservadores que controlaban el Senado, sino también con las nuevas fuerzas que adquirieron protagonismo a partir del voto secreto: el Partido Socialista y del Partido Demócrata Progresista. Por el contrario, y para revertir el desequilibrio legislativo, Yrigoyen llevó adelante una sistemática política de intervenciones a las provincias controladas por la oposición conservadora.

Aplicando su argumento de que la UCR no era un partido político sino un movimiento de restauración ética, durante su gobierno realizó una aplicación generosa de las intervenciones federales por decreto, con el fin declarado de garantizar la emisión libre del voto en el orden nacional. Sostenía que el desplazamiento de aquellas autoridades consideradas a su juicio como “espurias”, emergentes de acuerdos intra oligárquicos y no del voto popular, constituía un deber ético, cuyo cumplimiento emprendió sin contemplaciones. Fueron intervenidas las provincias de Mendoza, San Juan (tres veces), Salta, Jujuy y Tucumán. Al presidente no le molestó la particularidad de que justamente la práctica de la intervención de provincias opositoras había sido instalada generosamente por el régimen oligárquico.

El “Peludo” apeló a un estilo de conducción personal y directa, que sería criticado severamente por sus opositores tanto dentro como fuera de la UCR. Paradójicamente, este accionar influenció a miles de seguidores, que dotaron a la Unión Cívica Radical de una doctrina y una mística particulares, traducidas en consignas y discursos donde el civismo y la institucionalidad –haciendo caso omiso de las intervenciones– se complementaron con el ejercicio soberano de las relaciones exteriores.

Sin embargo, si bien la gestión de Yrigoyen se inició con gran vitalidad y decisión para desarmar el andamiaje institucional conservador, a medida que pasaba el tiempo su conducción comenzó a evidenciar contradicciones y signos preocupantes de vacilación. Los conflictos al interior de la UCR se multiplicaron y la oposición fue adoptando una estrategia conspirativa y crecientemente agresiva, tratando de forzar la conclusión anticipada de la primera experiencia de gobierno popular en nuestro país.

Ante la creciente pérdida de iniciativa del gobierno, Lisandro de la Torre, líder del Partido Demócrata Progresista, afirmó que el radicalismo en el gobierno carecía de programas, ante lo cual Yrigoyen le respondió que su causa era la “reivindicadora o reparadora” de los vicios políticos y problemas administrativos que habían caracterizado a los gobiernos anteriores.

De alguna manera, la gestión parecía dar la razón al santafesino. El radicalismo, más allá de impulsar ciertos beneficios a las clases medias, no contaba con un programa económico alternativo al de la oligarquía. En sus discursos, los radicales señalaban orgullosamente que su programa era la Constitución Nacional, pareciendo desconocer que justamente esa Constitución era la expresión de un consenso oligárquico. Claramente, don Hipólito carecía de propuestas trasformadoras que excediesen una moderada redistribución de los ingresos y el empleo público entre su base electoral.

El acceso del radicalismo a las instituciones políticas no significó el fin de la hegemonía, en términos culturales y económicos, de la alianza entre la oligarquía y los intereses foráneos, ya que la UCR no contaba con un proyecto económico alternativo al modelo agroexportador precedente.

Hacia el exterior, la política de neutralidad adoptada por el régimen conservador en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) también fue mantenida por Yrigoyen. Durante la gestión radical, el Estado nacional entabló negociaciones muy ventajosas con los aliados para la venta de productos argentinos, por lo que la política de prescindencia significaba la más acertada para desempeñar con éxito su rol de proveedor de alimentos y materias primas a uno de los contendientes. Si bien se produjeron algunos incidentes con el gobierno alemán, no afectaron la continuidad de esta política: en 1917 un barco mercante argentino fue hundido por un submarino alemán, y poco después el embajador del Imperio Germano fue expulsado, bajo la acusación de transmitir mensajes agraviantes para el país. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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