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3 de junio de 2021 | Municipales

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Junín: Funcionarios utilizan una camioneta adulterada secuestrada por la DDI

En tiempos de severa inseguridad, el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, conjuntamente con su director del área, Luis Chami, utilizan una camioneta secuestrada por la DDI de Junín en una causa de robo calificado, privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de guerra.

La lujosa camioneta premium marca RAM fabricada por Daimler Chrysler que ahora está en poder del secretario de Seguridad, Andrés Rosa, y su director del área, Luis Chami, es utilizada para movilizarse a lo largo y ancho de la ciudad que gobierna Pablo Petrecca. El rodado en cuestión no solo proviene de una grave causa: al momento de ser secuestrada por orden de la Justicia local, el vehículo tenía el dominio OKF 943, aunque luego se constató oficialmente que la verdadera patente es AB407HP, siendo su titular la empresa IC Logistic SRL, con domicilio en la calle Tucumán 1434, de CABA. El móvil fue adquirido en el año 2017.


La camioneta estacionada en la puerta de la secretaría de Seguridad.

La gravedad del asunto es mayúscula. Un vecino de la cuadra donde tienen asiento las oficinas de la secretaría de Seguridad, en calle Quintana y Gandini, le dijo a este medio: “Es inentendible que estos funcionarios se movilicen a sus anchas en una camioneta 4x4 de alta gama, no solo por la cantidad de nafta que requiere, sino por el costo de los repuestos, que obviamente se pagan en dólares”.

Pero la polémica no es solo está referida al uso particular y oficial que hacen estos funcionarios municipales de dicho vehículo. Hay otras variables que llaman poderosamente la atención entre los juninenses. La principal de ellas refiere al requerimiento administrativo necesario para que la Justicia local le ceda al municipio la tenencia legal para el uso de ese rodado, que estaba secuestrado por un hecho de robo agravado.


La camioneta estacionada en la puerta de la secretaría de Seguridad.

Según pudo saber REALPOLITIK, el camino legal iniciaría con una nota que daría comienzo al expediente administrativo, presentado por las autoridades municipales y con la firma del intendente Pablo Petrecca a la fiscal y el juzgado de Garantías que entienden en la causa penal, en este caso correspondiente a la doctora Vanina Lisazo. Pero termina allí. Las autoridades judiciales saben que, para dar la orden del pedido, la causa en su totalidad debe estar cerrada por las instancias superiores. Entonces, el juez de Garantías debe preguntarle a la fiscal si esa camioneta secuestrada ya está peritada y demás circunstancias, para ser liberada, y, en otro orden, darle participación a la fiscalía de Estado para que disponga del bien mueble para, en caso de no encontrar irregularidades, entregarlo o llamar a subasta pública. Vale aclarar que esto último se utiliza para sumar activos a las arcas de la provincia. Pero, al menos en este caso, las autoridades municipales y judiciales no habrían dado lugar a esto.

Por ello, la situación es de extrema gravedad, ya que estos funcionarios estarían cometiendo varios delitos penales, incluyendo incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos.

¿Cómo es posible que se entregue un vehículo secuestrado por un delito común, con la causa aún abierta, para uso oficial de una municipalidad? ¿La fiscalía de Estado no tienen conocimiento de esta entrega irregular? ¿Cómo puede circular utilizando un dominio adulterado y sin seguro de automotor? ¿Quién se haría responsable ante un siniestro vial o infracciones tránsito?


Momento en que la DDI secuestró la camioneta, en el año 2018.

Vale destacar que, según pudo saber REALPOLITIK, la fiscalía General del departamento judicial tampoco tiene papeles de pedido. Los únicos bienes inmuebles o muebles de los que hace entrega el estado para usufructo de entidades u organismos estatales, son los provenientes de los secuestros a los narcotraficantes, que resultan en ganancias mal habidas de la venta de droga y el lavado de dinero o activos. Todo ello, considerando previamente indispensable el acto administrativo que conlleva por parte de la Justicia. Pero, además, toda donación no puede ser concrtada sin antes ser aceptada por el Concejo Deliberante local.

Una vez más, la maniobra deja al descubierto los manejos oscuros de una gestión que, en cabeza de Pablo Petrecca, debería predicar con el ejemplo. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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