Asociación ilícita: Descubren un entramado entre un juez, un comisario y varios abogados

El magistrado está sospechado de haber adquirido diversos bienes, entre los que se incluyen casas en barrios privados y vehículos de alta gama, y de haber realizado frecuentes viajes al exterior, hacia destinos como Miami y Las Vegas.

El caso, denominado “Bentogate”, tiene al juez como presunto jefe, un nexo, entre abogados y acusados, de pagar coimas tras las rejas o excarcelados para imputados. La causa es tramitada por el fiscal general, Dante Vega, y el juez Eduardo Puigdéngolas, y avanzó significativamente en los últimos días con la imputación de otros sospechosos cuya participación salió a la luz a partir de las declaraciones de testigos y la identificación de nuevas pruebas.

Uno de ellos es el comisario del Valle de Uco, José Gabriel “el Moncho” Moschetti, quien ha sido imputado y detenido por sus vínculos con Diego Aliaga -quien oficiaba como nexo de la asociación ilícita y fuera asesinado el año pasado- y Walter Bardinella Donoso, un jefe narco a quien se le secuestró un celular que contenía audios y mensajes que permitieron establecer el modus operandi de la organización. También Moschetti está en situación comprometida por la tenencia de bienes y dinero en efectivo cuya procedencia no ha podido justificar.

En efecto, el actual titular de la Comisaría 20 de Tupungato, quien además se desempeñó hasta el año pasado como jefe regional de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) en el Valle de Uco, adquirió una moto de 20 mil dólares, y su ex mujer denunció haberle encontrado en una campera 200 mil dólares en efectivo.

Mientras se desempeñaba como jefe regional contra el Narcotráfico, el Moncho Moschetti tenía como informantes al ex despachante de aduana, Diego Aliaga, y a Walter Bardinella Donoso. Sin embargo, las investigaciones demostraron que el trío componía una organización que aportaba información para otros personajes de más alto nivel de jerarquía delictiva.

Se sospecha que Moschetti manipulaba información de las investigaciones de narcotráfico y de contrabando, a cambio de jugosos retornos. Gracias a la información calificada que aportaba el comisario, se produjo una fuga masiva de seis acusados de contrabando que eran investigados por la Policía Contra el Narcotráfico. Cuatro de ellos continúan prófugos.

El comisario quedó en evidencia cuando, tres días después de producirse la detención de Walter Bardinella Donoso por el tráfico de más de 200 kilos de marihuana en el sur de la provincia, el 9 de marzo de 2020 se presentó en el área de la PCN donde peritaban el teléfono secuestrado al narco –medios técnicos– con intenciones de llevárselo o acceder a los archivos.

La misión que tenían asignada tres integrantes de la banda –el abogado Jaime Alba, Diego Aliaga y el propio Moschetti– consistía en apoderarse del dispositivo para borrar todo de tipo de pruebas que los relacionara con el pago de coimas en el juzgado de Walter Bento. Sin embargo, no consiguieron su objetivo, y el teléfono permitió recopilar información decisiva para el esclarecimiento de su accionar delictivo.

Cuando los jefes de la PCN tomaron conocimiento de la situación, actuaron de manera bastante benevolente, ya que se limitaron a desplazar a Moschetti de la jefatura regional. También contó con la contemplación del ministerio de Seguridad de la provincia, que se limitó a asignarle otro destino mientras lo investigaban: la Comisaría 20 de Tupungato.

La ex esposa de Moschetti declaró además que recibió la visita de tres hombres que le develaron las acciones ilícitas de su entonces marido, y le “aconsejaron que protegiera a sus hijos”, ya que “sabían dónde vivía” y que, como advertencia, iban a incendiar una camioneta del comisario.

“Hay cosas que no cierran para nada. Un comisario gana entre 90 mil y 100 mil pesos en el bolsillo. Y esa cantidad de dinero en dólares no podría ser justificada”, dejó trascender un investigador del caso.

Finalmente, después de más de un año de investigación del Bentogate, Moschetti fue detenido e imputado. Sin embargo, la red de protección de la que parece gozar no estaría desactivada del todo, ya que se sospecha que se le ofrecerá convertirse en el próximo “arrepentido” de la causa, por su conocimiento de varios de los imputados y de su accionar delictivo. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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