Mayra Mendoza ascendió a una policía acusada por “delitos de lesa humanidad”

Hace casi 17 años se perpetuaba la denominada “Masacre de Quilmes”, en la que cuatro adolescentes fallecieron en un incendio iniciado en los calabozos de la comisaría primera local durante un motín generado por las torturas a las que habían sido sometidos los detenidos. Diego Maldonado (15), Elías Giménez (15), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17) perdieron su vida con el correr de los días y, todavía, los familiares de las víctimas reclaman que los diez policías condenados cumplan prisión efectiva.

Ellos son el ex comisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Pedreira, el cabo Hugo D’Elia, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, más los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán, quienes fueron sentenciados a penas de entre 3 y 16 años por las torturas y el incendio provocados. No obstante, aún falta conocerse el fallo que pesará sobre la actual subcomisaria Marina Guaquinchay, quien está acusada por “omisión de evitar tortura” en la causa de “delito de lesa humanidad” que fue pospuesta en plena pandemia.

Vale aclarar que el año pasado la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, nombró como secretaria en la Estación de Policía (ex departamental) a la agente Guaquinchay y, según su sueldo de abril último, percibe la generosa suma de 143.107 pesos mensuales. Paradójicamente, mientras los familiares de las víctimas reclaman por justicia, la dirigente del Frente de Todos no tuvo mejor idea que promover a la funcionaria policial acusada.

Cargo y sueldo de Marina Guaquinchay.

Tras el debate judicial y las declaraciones aportadas por los testigos de lo sucedido, Guaquinchay fue sindicada como una de las agentes que también estaba en la dependencia al momento de los hechos pero, en primer lugar, no había quedado imputada. Además, manifestaron que ella habría formado parte de “un cordón policial que apaleó a las víctimas cuando salían de las celdas quemadas y se dirigían a las duchas” y que no habría hecho nada para “detener las torturas”. Por otra parte, los menores de edad privados de su libertad en aquel momento indicaron que la actual subcomisaria “les pegaba y los castigaba”.

Al respecto, las familias de los adolescentes difuntos esperan que la oficial “sea condenada al igual que sus compañeros” y agregaron: “Queremos que sea condenada y que su participación no quede impune. A diferencia del 2015 (inicio del juicio oral), el delito está probado y hay tres testigos que la ubican en el lugar y que la vieron pegar”.

Actualmente, la causa está demorada y sin fecha prevista tras su suspensión durante la pandemia ni tampoco están en prisión los efectivos de seguridad sentenciados ya que sus condenas no están firmes. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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