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28 de junio de 2021 | Interior

Chaco

Otro caso de corrupción pública sacude a la gestión de Capitanich

Chaco es una provincia que no deja de alimentar los titulares periodísticos. La escasa transparencia en el manejo de los recursos públicos en la gestión de “Coqui” Capitanich es un clásico.

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Esta vez, el foco de la información apunta a la transferencia y venta irregular de 254 vehículos del estado. La correspondiente causa de fraude contra el estado es tramitada por el fiscal Roberto Villalba y avanza sobre la hipótesis de la existencia de una organización delictiva que habría transferido 254 vehículos en Chaco y Corrientes.

Una semana atrás, la secretaria General de la gobernación, Noelia Canteros, radicó una denuncia penal y administrativa, tras detectar una apreciable cantidad de transferencias irregulares de vehículos pertenecientes al estado chaqueño, que disparó una investigación judicial que se encuentra en plena etapa de recopilación de pruebas.

Debido a que la investigación se encuentra en una etapa inicial, aún se desconoce cuáles son las fechas e involucrados en la posible acción delictiva. El fiscal de Investigaciones Nro. 6, Roberto Villalba, citará a partir de este lunes a la denunciante y al jefe del Area de Rezagos de Vehículos Oficiales, para luego definir los próximos pasos de la causa.

Paralelamente, el ministerio Público deberá avanzar en la adopción de medidas que podrían establecer la existencia de una organización ilícita dentro de la administración pública, que habría conseguido evitar los controles de ejecución y remate de vehículos cuyas derivaciones no pueden ser precisadas aún, pero que incluirían una contraparte en la provincia de Corrientes.

En principio, la denuncia de la secretaria General de la gobernación incluye a 254 vehículos, que habrían sido negociados sin respetar la ley Administrativa vigente, ya que no se convocó al remate público que dispone la norma, según consta en los informes preliminares de una auditoría interna realizada por la secretaría. De ella surge la sospecha fundada sobre un posible perjuicio del patrimonio estatal, por lo que Canteros dispuso la presentación de esa documentación a los organismos de contralor pertinentes y a la Justicia provincial.

Según el organigrama institucional de la provincia, la secretaría General es el órgano rector en materia de administración de bienes del estado, y el responsable de administrar y supervisar las subastas públicas de bienes, el relevamiento de los galpones de bienes en rezago, los seguros de automotor vigentes y las infracciones de tránsito.

Ante la denuncia interna de irregularidades verificadas en el área, su titular dispuso la realización de una auditoría, cuyos resultados iniciales comprobaron la existencia de irregularidades de una envergadura tal que permiten suponer la existencia de una estructura delictiva dentro del propio estado chaqueño, lo que motivó el inicio de la causa, que podría involucrar también a una contraparte o extensión dentro del estado correntino.

Ahora la Justicia tiene la palabra. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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