Afirman que el IPS es “desconsiderado” en virtud de mejorar las fallas en liquidaciones

En primera instancia, María Emilia Carroza informó: “Está avanzando el tema. Además, el Colegio de Abogados había solicitado una medida cautelar de una mesa de diálogo y trabajo conjunto entre los abogados de la matrícula con autoridades del IPS para resolver las problemáticas que se plantean en la demanda”. Y agregó: “El juez a cargo de la causa, Francisco Terrier del Contencioso Administrativo Nro. 3, cedió el pedido del Colegio y ordenó la creación de esta mesa de diálogo, dándole quince días al IPS para que la forme”. 

Por otra parte, la letrada contextualizó sobre los motivos de la demanda. “En mayo de 2019 el IPS nos derogó dos procedimientos para iniciar jubilaciones de docentes: uno de ellos fue la jubilación automática docente, que servía para acelerar su trámite una vez que dejaba la actividad y estaba sin cobrar”, aclaró. Con respecto a los seis meses de espera desde que el trabajador pasaba a retiro hasta que comenzaba a percibir su jubilación, opinó: “No está bien que ocurran estos plazos; un estado que recibió los aportes por 35 años, que tiene los datos de esa persona, debe cubrir la contingencia de la vejez y no generar más problemáticas”. 

“El otro instrumento que derogó el IPS, mediante un cartel en la pared, fue la jubilación ejecutiva. A partir de allí, dijeron que todas iban a realizarse bajo la modalidad jubilación digital”, añadió. Sin embargo, explicó que “no había” ninguna base normativa acerca de tal aplicación, por lo que profundizó: “Todo indicaba que el docente debía seguir trabajando hasta que el IPS le dijera que estaba jubilado, o aceptando el cobro de un 60 por ciento inmóvil del último haber de la persona”. 

“La problemática fue muy grande y cuando intentamos iniciar estos trámites, nos encontramos con que no estaba habilitada la figura del abogado. Solamente se podía hacer mediante titular, lo que contraría muchísimas normativas como la ley de Procedimiento Administrativo y la ley de Incumbencias Profesionales de los abogados”, continuó. En esta línea, habló del índice alto de los casos “mal litigados” de las jubilaciones del IPS: “Eran un 70 por ciento, con un titular que no podía acceder a la prestación a través de un apoderado abogado y, por ende, no podían analizar la certificación de servicio que expedía el empleador”. 

Consultada por la intención de los errores en las liquidaciones, Carroza analizó: “No me animo a decir que es adrede, sí creo que hay una desconsideración en la mejora; debe haber muchos factores que llevan a las malas liquidaciones”. De este modo, amplió acerca de estas equivocaciones que tienen como foco, principalmente, a los docentes: “Ellos tienen una complejidad porque cuentan con muchas carreras simultáneas, ya sea un cargo titular, dos cargos provisorios, altas y bajas, o cantidad de horas que en su historia laboral fueron modificándose”.

“Aquí se debe tener en cuenta el cargo de mayor jerarquía que haya desempeñado durante 36 meses consecutivos o 60 alternados. Esa búsqueda es de una complejidad muy grande y hay resoluciones del IPS que no son públicas y determinan el modo de calcular la simultaneidad”, prosiguió.

Finalmente, concluyó: “En los docentes encontramos las mayores problemáticas porque, además, existen demoras en la expedición de la certificación de servicios por parte de la dirección General de Cultura y Educación ya que tienen dificultades en la base de datos que hacen que la reconstrucción de la historia laboral sea casi artesanal”.  (www.REALPOLITIK.com.ar)

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