Santiago del Estero: Confirman procesamiento de ex intendente por malversación de fondos

Rached había recurrido a la Cámara de Apelaciones de la vecina provincia, luego de ser procesado por la Justicia Federal en Santiago en una causa por malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad. Se trata de fondos que recibió durante la gestión de Mauricio Macri, para realizar una obra en Pinto, que finalmente nunca se concretó.

La denuncia fue presentada por el actual jefe comunal de Pinto, Jorge Leguizamón, del Frente Cívico, quien reclamó que, dados los montos de las obras planificadas, la adjudicación debería haberse concretado a través de un llamado a licitación. En cambio, la gestión de Rached lo resolvió a través del sistema de administración. "Si bien es cierto, es una decisión política, es necesario dilucidar si cumple con la ley de contabilidad de la provincia", aseveró Leguizamón.

En particular, se les atribuye a Rached y a la ex secretaria de Economía del municipio, Ana María Vera, el haber girado, el 22 de diciembre de 2016, unos 900 mil pesos de intereses generados por un plazo fijo de la cuenta del Banco Nación Nro. 1160019565, constituido con fondos del convenio, hacia la cuenta general de la municipalidad de Pinto en el Banco Santiago del Estero, cuando esa suma se encontraba afectada únicamente para la ejecución del mencionado convenio, reza el escrito.

En su resolución, la Cámara Federal sostiene: “Malversar es invertir mal, distraer los fondos de su destino o darles una indebida aplicación. En el caso traído a consideración, se advierte que de manera correcta el señor juez instructor entendió que los imputados Rached y Vera habrían dado parte de los desembolsos efectuados por el estado nacional para la ejecución de las obras públicas acordadas, un destino distinto al que fuera convenido, no evidenciándose que el desvío de los fondos haya estado motivado en la necesidad de cubrir déficits de partidas en áreas sensibles para la comunidad de Pinto y que resultaran imprescindibles a los fines de evitar graves daños”.

En conclusión, englobando las tres figuras penales que se imputan, no cabe duda alguna de que Rached, en el carácter de intendente de la ciudad de Pinto, tenía la  responsabilidad directa en la administración ejecución y supervisión de las obras, siendo él quien debía resguardar el principio de responsabilidad administrativa y de manejo transparente de los fondos públicos.

En tanto que, la imputada Ana María Vera, en carácter de secretaria de Economía de dicho municipio, era la responsable directa sobre la administración de los fondos y quien debía garantizar la legalidad en la ejecución de la obra.

De tal manera, se observa que los hechos investigados son objetivamente imputables a los nombrados como obra propia, habiendo tenido -durante la vigencia del convenio- el dominio del hecho, en función de las competencias que les correspondían por los cargos públicos que detentaban, desviando y sustrayendo fondos públicos que tenían a su cargo y que, por tanto, se encontraban en su esfera de disposición y que tenían por destino la ejecución de obras con fines de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Pinto. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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